España 2001: sin política migratoria

La inmigración de nuevo en el centro del debate. A cada paso con mayor crudeza, las opiniones públicas occidentales van tomando conciencia de que los flujos migratorios se convierten en el signo más visible de un tiempo histórico en el que conviven, como nunca lo habían hecho, la concreción tangible de la pobreza con la expresión virtual de la opulencia. La combinación de ambas manifestaciones da lugar a un fenómeno que no es nuevo, como bien sabemos los españoles, y que, sin embargo, en nuestros días presenta caracteres singulares por sus dimensiones y también por sus repercusiones en distintos órdenes de las sociedades del bienestar.

De nada vale mirar para otra parte, insistir en recetas que la experiencia ya ha convertido en fracasos o, lo que quizá sea más grave, empeñarse en el recurso sistemático a los guiños electoralistas que convierten cualquier posible rédito partidista en una frivolidad de peligrosas consecuencias, en tiempo perdido para afrontar el fenómeno como se merece dada su entidad. Porque la realidad sigue haciéndose presente, a veces con descarnada virulencia, y pone sobre la mesa la exigencia, la imperiosa necesidad, de abordar la política migratoria con la calidad de una cuestión de Estado; esto es, liberarla de la confrontación legítima y consustancial al juego democrático y concederle la condición de aquellos asuntos que son tratados desde el consenso imprescindible para hallar respuestas efectivas, a la altura de los retos que nos plantea, de la especial sensibilidad que ha de caracterizar a una sociedad como la española que hasta hace muy poco, no lo olvidemos, ha sido promotora de emigración y de las responsabilidades de un país que es frontera europea.

Cierta y lamentablemente, no son éstos los derroteros por los que se conduce la política gubernamental como se nos ha revelado con claridad a lo largo de los últimos meses. Empeñada, hasta la obsesión, en vengar el resquemor nacido de su derrota parlamentaria en las postrimerías de la pasada legislatura, la derecha ha despreciado caprichosamente la mano tendida del principal partido de la oposición, y ha impuesto una reforma a la Ley de Extranjería que restringe el ejercicio de determinados derechos (consustanciales a nuestro modelo de convivencia y cuya vigencia en nada impediría la aplicación de las restantes disposiciones de la ley), frustrando las posibilidades de deseable consenso político y social, como se han encargado de poner de manifiesto inequívocamente los sindicatos y organizaciones sociales, en torno al marco legal migratorio. En cuanto a la otra dimensión del Pacto de Estado ofrecido por el PSOE -elaborar un Plan Global de Integración- volvió a ser objeto de la intemperancia popular con la indigna conclusión del trabajo parlamentario convocado a tal efecto, por la que nuestra derecha gubernamental se quedó literalmente sola, pues ni sus socios parlamentarios le dieron apoyo en su pretensión de aprobar un plan que, además de despreciar olímpicamente las aportaciones de la oposición, asociaciones, sindicatos y expertos, no ha sido acompañado de un solo compromiso concreto de financiación que lo convierte sencillamente en papel mojado.

A la vista de lo sucedido, de la ausencia de cualquier voluntad política del Ejecutivo para caminar en una dirección que a una gran parte de las fuerzas políticas, sindicales y sociales se nos antoja imprescindible para afrontar un fenómeno que incide ya de manera importante en la sociedad española y lo hará de forma cada vez más poderosa a medida que discurra la década actual, cabe concluir, sin riesgo de exageración, que España inicia el siglo XXI sin política migratoria. Sin más respuesta a las realidades que, cada vez con mayor frecuencia se nos anuncian aquí y allá, que los torpes -y a menudo demagógicos- balbuceos de unos responsables del Gobierno superados por los acontecimientos e incapaces de gestionar las consecuencias de su propia imprevisión.

Si hace unas semanas fueron las avalanchas de inmigrantes concentrados en las oficinas de extranjería de Almería y Barcelona, ante el rumor infundado de una nueva regularización, algunos días más tarde nos topamos con que la concesión de un mayor o menor número de permisos de residencia en nuestro país depende de la provincia donde se soliciten, provocando el paradójico y escasamente equitativo resultado de que alguien que ha visto denegada su petición en, por ejemplo, Barcelona, le haya sido contestada afirmativamente en Girona. Hace unas fechas, el terrible drama de un accidente que arrebato la vida a 12 ciudadanos ecuatorianos - podían haber sido también españoles, marroquíes o de cualquier otra nacionalidad- reveló a quien todavía no hubiese querido verlo, el drama cotidiano en que se ha convertido la vida de muchos inmigrantes, víctimas propiciatorias de los profesionales de la extorsión, sometidos a unas condiciones de explotación laboral que nos sitúan de bruces ante la existencia en nuestro país de un neoesclavismo que no puede ser tolerado desde la conciencia colectiva de una sociedad instalada en el respeto a los derechos de los individuos. ¿Alguien ha ofrecido una explicación, asumido una responsabilidad, por el manifiesto fracaso de todos los instrumentos de control e inspección laboral, incapaces de detectar tan graves irregularidades? ¿Alguien podría sostener sin pudor que esas infamantes condiciones laborales se circunscriben únicamente a Lorca? A nadie debe extrañar que se abra paso la sospecha de que la incompetencia no agota las explicaciones de tamaña dejación y que no existe una voluntad real por combatir de raíz este tipo de situaciones ciertas que se están produciendo en nuestro suelo.

Mientras tanto, el Gobierno sigue optando por el tancredismo, quizá ignorando, o fingiéndolo, que los episodios a los que nos enfrentamos no constituyen hechos aislados, que puedan ser explicados por sí mismos, sino que responden a la lógica de un fenómeno consustancial a nuevo tiempo que debe abordarse desde una perspectiva global, más ambiciosa que la mera acumulación de respuestas parciales y erráticas. Un Estado democrático, una sociedad avanzada como la española, requieren de la definición de una política migratoria con mayúsculas. Es decir, una estrategia que aúne el imprescindible control de los flujos migratorios, un catálogo de políticas activas para promover la integración social de los inmigrantes y unos instrumentos eficaces de respuesta a la gama de situaciones que, día a día, siguen sorprendiendo y desbordando a los responsables gubernamentales y que, sin duda, van a seguir repitiéndose. En caso contrario, de persistir en más de lo mismo, se habrá desaprovechado una extraordinaria oportunidad para afrontar el horizonte colectivo de la sociedad española desde la inteligencia y la altura de miras.

Consuelo Rumí Ibáñez es secretaria de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE.