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El Gobierno rechaza negociar el abono de atrasos ordenado por la Audiencia Nacional

El Consejo de Ministros de ayer fijó la estrategia a seguir ante este nuevo contencioso del Ejecutivo con el Poder Judicial, que puede costar a las administraciones públicas cerca de 900.000 millones de pesetas, según los cálculos del propio Gobierno. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, evitó ayer pronunciarse sobre el coste de la compensación a los funcionarios, con el argumento de que el Ejecutivo ganará el recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional. 'A nuestro entender, no llegaremos a que esa hipótesis [de tener que compensar a los funcionarios] se convierta en realidad', remachó el ministro portavoz.

No obstante, Montoro se curó en salud y aclaró que la Administración no dispone de fondos especiales para afrontar una hipotética ejecución de la sentencia. 'El Gobierno no tiene más recursos que aquéllos que vienen de los ciudadanos a través de los impuestos o de limitar todavía más el gasto. Por tanto, no hay vencedores ni vencidos en esta sentencia'.

El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, aseguró, por su parte, que una vez que el Gobierno interponga el recurso contra la sentencia, la ejecución de ésta quedará inmediatamente paralizada.

Ni siquiera una reunión

Siguiendo esa misma estrategia, el ministro portavoz rechazó la propuesta de entrevista que el sindicato Comisiones Obreras dirigió por carta, el jueves, al titular de Administraciones Públicas, Jesús Posada, para ejecutar el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la congelación salarial, recogida en los Presupuestos de 1997. El ministro portavoz precisó ayer que no habrá contacto alguno del Gobierno con los sindicatos sobre este asunto hasta que la sentencia sea firme.

La estrategia del Gobierno se cierra con el ataque al PSOE. Inicialmente, el miércoles por la mañana, el vicepresidente primero del Ejecutivo, Mariano Rajoy, trató de alinear a los socialistas con el Gobierno a la vista de que, a su juicio, la sentencia de la Audiencia Nacional cuestiona la independencia del Ejecutivo y del Legislativo. Pero los socialistas no entraron a este reclamo e inmediatamente exigieron al Gobierno que se sentara a negociar con los sindicatos la sentencia.

Ayer, tras el Consejo de Ministros, Cabanillas pasó al ataque contra el PSOE, cuya actitud calificó de 'enormemente demagógica, oportunista y francamente sorprendente'. Volvió a responsabilizar a la 'herencia socialista' de la congelación salarial impuesta por los Presupuestos de 1997. 'En 1997 había en la práctica una quiebra de la Seguridad Social, los niveles de paro eran enormes y había voluntad en España de entrar en el euro'.

Arremetió contra el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, que la víspera había sugerido al Gobierno que pagara en un plazo de cuatro años. 'No es momento de hablar de cuándo hay que pagar sino de cuándo hay que empezar a ser un poco más responsable en las manifestaciones'.

A continuación, el ministro portavoz se encaró con el PSOE: '¿Qué está diciendo la oposición; que no se aplique la ley; que considera irrelevante la potestad normativa de las Cortes; que negamos el proceso normal de recursos y la estructura constitucional del país; que no le importa por ganar una baza demagógica de un día condicionar la política económica de cualquier Gobierno; que se podría llegar a un acuerdo que para los próximos veinte años estableciera un porcentaje de subida salarial sin que se pudiera variar por las circunstancias económicas del momento?'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 27 de enero de 2001

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