Carne de toro

A punto de iniciarse la temporada taurina, ni los ganaderos ni los empresarios saben muy bien cómo repercutirá sobre los toros bravos que mueren en las plazas la batería de normas aprobadas por el Gobierno para erradicar de la cabaña española el mal de las vacas locas. Sobre dichas reses recaen las mismas obligaciones que sobre todas las demás por dos razones: porque son susceptibles de padecer la enfermedad y porque habitualmente entran en la cadena alimentaria tras su muerte en el ruedo, con lo que pueden transmitir la enfermedad a los seres humanos.

Por ser animales dedicados a una tarea especial, y que son sacrificados en cualquier punto de España en vez de morir en mataderos autorizados, su caso presenta peculiaridades que requieren una atención singular. Su valor económico no se mide por el aprovechamiento de su carne, pero si los ganaderos quieren mantener esa explotación marginal deben someterse a pruebas del prión porque se trata de reses que en todos los casos superan los 30 meses de edad. Por otro lado, el descubrimiento de un toro enfermo obligaría a sacrificar a toda la explotación, lo que supondría un enorme perjuicio al tratarse de ejemplares que se cotizan en torno al millón y medio de pesetas. Es preciso que la Administración establezca urgentemente las normas específicas que deben aplicarse a las reses bravas como concreción de la normativa general.

Hasta el 1 de julio, los ganaderos tienen la opción de eludir la prueba de detección de la enfermedad y acogerse a una subvención que les compense del dinero que dejan de percibir por no sacar la res al mercado de carne. Pero, a partir de esa fecha, todas las reses de más de 30 meses, sin excepción, deberán pasar esa prueba. Este periodo transitorio de medio año responde a la voluntad de las autoridades comunitarias de ofrecer una oportunidad a los ganaderos que sospechen que algunas de sus reses puedan haber contraído el mal para que se deshagan de ellas sin perder mucho dinero.

Como sucede con el resto de reses mayores de 30 meses, debería facilitarse la posibilidad de que el empresario que insista en vender la carne pueda hacerlo tras someter la res a la prueba de detección de la enfermedad. Pero al mismo tiempo debe arbitrarse el mecanismo de incineración para los casos en que no se quiera o no se pueda hacer la prueba, y establecerse quién se hace cargo de los costes de transporte y destrucción, si el empresario o las administraciones. Reglamentar todo esto no parece sencillo, pero es urgente porque la temporada comienza de forma oficial el 3 de febrero con la madrileña Feria de Valdemorillo.