Disculpen la inocencia

La decisión del gobierno del Ayuntamiento de Valencia de prolongar Blasco Ibáñez destruyendo buena parte del Cabanyal, Bien de Interés Cultural de todos los valencianos, no es una decisión definitiva. Los ciudadanos deben conocer éste y otros términos de la cuestión.

Ha de saberse que la luz verde que la Consejería de Cultura ha otorgado al Plan de Protección del Cabanyal-Canyamelar (obsérvese la mentira de las palabras cultura y protección) se justifica en una resolución que sonrojaría a cualquier persona con un mínimo de pudor y escrúpulos. Esta resolución se apoya en cuatro informes, tres de los cuales están firmados por los propios impulsores del destrozo, y el cuarto por un catedrático de derecho (disculpen las minúsculas) al que se le paga, con dinero de todos, no para que diga su opinión sobre el plan, sino para que lo justifique. El resultado, pésimos juegos malabares jurídicos; eso sí, bien remunerados por los valencianos.

Parece que frente a estos informes sectarios nada han tenido que hacer los argumentos en contra del plan que han pronunciado numerosos arquitectos de la tierra y otros de renombre internacional (por cierto, invitados a Valencia por el propio Gobierno autonómico); de poco han servido los dictámenes desfavorables de varias facultades de la Universidad (Bellas Artes, Derecho), de nada la firme condena del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Politécnica, de la asociación de vecinos, de la oposición del consistorio... La descompensación de argumentos a favor del respeto al Cabanyal explica, sin duda, que esta alcaldesa que sonríe mientras entrega premios de solidaridad, que se pone muy digna y creíble al hablar de democracia y diálogo, se haya negado a cualquier debate público, siquiera al mínimo intercambio de ideas o posturas, con los vecinos o las asociaciones de ciudadanos que tanto dice respetar.

Ha de saberse, por otra parte, que la decisión del gobierno municipal no es definitiva. Veamos. Si a cualquiera de nosotros nos amenazase un poder público con una multa que considerásemos manifiestamente ilegal es muy probable que no nos quedásemos de brazos cruzados, y también lo es que nos sorprendiera que a nuestro alrededor todo el mundo diera por hecho que íbamos a pagar la multa. Pues a buena parte de los vecinos del Cabanyal y a valencianos con sentido del interés público nos pasa lo mismo.

Muchos medios de comunicación tratan el conflicto del Cabanyal como si éste ya estuviera decidido y no hubiera marcha atrás. Esto es un error, y si el error es mío es que no estamos en un Estado de Derecho. Los tribunales, si actúan de forma independiente, son una garantía frente a los abusos de los gobiernos. A estas alturas yo no espero que la alcaldesa no abuse de su poder, que sea sincera, o que le adornen virtudes convencionales como la honradez o los escrúpulos. Sin embargo me sorprende (y disculpen la inocencia) que en este punto alguien serio pueda dar por perdido un caso de flagrante atentado contra el patrimonio histórico y cultural de los valencianos, sin olvidar las injusticias frente a los cientos de particulares que, de llevarse el plan a cabo, deberían abandonar sus casas por un precio que no cubriría la mitad del que habrían de pagar por las viviendas que se ofrecerán a cambio.

El plan del gobierno del Ayuntamiento que pretende destruir al Cabanyal y expulsar a muchas personas de sus casas, un proyecto que produce un daño desproporcionado, que se pretende justificar de forma ridícula por la necesidad de abrir Valencia al mar, ese plan no es definitivo. Pensar lo contrario supone un fracaso (¿otro más?) de la conciencia cívica de la opinión pública y de la confianza en el Estado de Derecho. O, díganme, ¿ya hemos llegado al punto de estar completamente a merced del abuso de poder de la alcaldesa?

Fernando Flores es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia.