Ahora sabemos quién criminaliza a los inmigrantes

Hace tres meses nos formulábamos (¿Quién criminaliza a quiénes?, EL PAÍS, 27 octubre de 2000) unas preguntas relativas a la falta de utilización de algunas experiencias históricas a la hora de trazar políticas migratorias. Ahora, puesto descaradamente de manifiesto cuál es la verdadera política del Estado español al respecto, muy poco se puede decir de la negativa a tener en cuenta aquellas experiencias.

No se trata de analizar hechos que han venido ocurriendo en estos tres meses. Todos ellos son reveladores de una decidida actitud refractaria frente a los fenómenos migratorios que actualmente nos descubren los procesos de mundialización de los más variados aspectos de la vida social, laboral y cultural de todos los pueblos de la tierra. Parecería que España está volviendo la espalda al propio acontecer contemporáneo, como ocurrió antaño cuando se cerró a cal y canto, después de la guerra civil, y cuando, por el contrario, fue expulsor de grandes oleadas de inmigrantes.

Debe decirse que, en temas de inmigración, se está produciendo una neta separación de las políticas que tratan de poner en marcha algunos países del entorno. Bien es verdad que la UE deja en libertad a sus miembros para actuar en este terreno de la inmigración. Por tanto -como ha dicho Samir Nair-, no es verdad que España actúe así por imposición de directivas europeas. Pero lo está haciendo al tiempo que se discutía y se aprobaba en Niza una Carta de los derechos fundamentales. Los derechos a la dignidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la ciudadanía y la justicia que la carta pretende sancionar, configuran el máximo de los derechos civiles en una Europa donde se manifiestan vistosos fenómenos de extremismo reaccionario contra los extranjeros, algunos de claro corte fascista.

Europa pretende alcanzar una Constitución de los ciudadanos, para superar la Europa de los mercados y de los banqueros, aunque lo haya hecho mediante un procedimiento en el que los propios ciudadanos han estado hasta ahora marginados, pues la redacción de la carta (por representantes oficiales) no ha recibido todavía reconocimiento por ningún procedimiento que le otorgue legitimidad democrática. Mientras tanto, España parece rechazar esta tentativa cuando no sólo sanciona una ley orgánica (4/2000) que viola muchos de los derechos que la Carta Europea instituye, sino que con muchas otras prácticas respecto de los inmigrantes demuestra una irrefrenable resistencia a la incorporación de éstos en la sociedad local. Los reiterados ejemplos de discriminación puestos de manifiesto por las autoridades encargadas de tratar con los no residentes y, en especial, con aquellos que terminan clasificados como 'ilegales', como consecuencia de una irracionalidad incomprensible, se han visto definitivamente expuestos en su máxima expresión con el trágico suceso de Lorca. Allí ha quedado demostrada cuál es la verdadera política inmigratoria española -es decir, criminalizadora-, si por política puede entenderse la facilitación de la explotación de los inmigrantes ilegales, los cuales, por esta condición en que los coloca el Estado español, quedan sometidos a las más aberrantes operaciones de sometimiento y expolio, a una verdadera esclavitud.

La ilegalización de inmigrantes que entran en territorio español, ejerciendo un derecho fundamental de todo individuo, es el resultado de una negativa a implantar métodos que faciliten el desarrollo común de ambos países: España como receptor y los que, no estando incluidos en la UE, facilitan mano de obra y medios de creación de riqueza están obligados a concertar acuerdos que regulen los flujos migratorios. Francia y Marruecos están discutiendo un proyecto de acuerdo en ese sentido. Para el caso, como para España con el Magreb y, sobre todo, con los países latinoamericanos, existen fuertes motivos histórico-culturales para proceder de tal manera. En consecuencia, es plenamente válida la pregunta acerca de cuáles son las razones por las que España, con un pasado multicultural tan rico, hoy se cierre y se niegue a aceptar que la inmigración no es únicamente una cuestión criminal. Parece que exista un deseo de facilitar el enriquecimiento de productores y pequeños industriales locales. Los ya olvidados acontecimientos de El Ejido y la repercusión que en la economía y la banca local tuvo la presencia de trabajadores inmigrantes se vuelven a presentar con el suceso de Lorca, aumentado por los aspectos trágicos que lo rodearon. ¿No hubiera sido mucho más racional acordar con Ecuador, un país que se encuentra quebrado y dependiendo de las remesas que sus inmigrantes puedan enviar -como en tantos otros países afectados hoy por la globalización-, un sistema de organización de flujos, temporal y numérico, de forma que todos los inmigrantes quedasen amparados por una regulación para su residencia y permiso de trabajo. Y no, recién ocurrido el suceso de Lorca, que el secretario para la Inmigración corra a Ecuador para proponer ahora un hipócrita arreglo? Es de tal magnitud la presencia de ecuatorianos en Lorca y tan valiosos sus aportes a la producción agrícola local que no cabe otra interpretación acerca de cómo debe comportarse un país maduro y democrático que pretenda actuar dentro de los marcos del Estado social y de derecho. Toda interpretación sobre la Constitución nos coloca en la relación que debe existir entre esa Constitución y la democracia. Se niega tal relación si se dejan de propugnar como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (art. 1.1 CE), que es lo que el Estado español está haciendo con los inmigrantes.motivos histórico-culturales para proceder de tal manera. En consecuencia, es plenamente válida la pregunta acerca de cuáles son las razones por las que España, con un pasado multicultural tan rico, hoy se cierre y se niegue a aceptar que la inmigración no es únicamente una cuestión criminal. Parece que exista un deseo de facilitar el enriquecimiento de productores y pequeños industriales locales. Los ya olvidados acontecimientos de El Ejido y la repercusión que en la economía y la banca local tuvo la presencia de trabajadores inmigrantes se vuelven a presentar con el suceso de Lorca, aumentado por los aspectos trágicos que lo rodearon. ¿No hubiera sido mucho más racional acordar con Ecuador, un país que se encuentra quebrado y dependiendo de las remesas que sus inmigrantes puedan enviar -como en tantos otros países afectados hoy por la globalización-, un sistema de organización de flujos, temporal y numérico, de forma que todos los inmigrantes quedasen amparados por una regulación para su residencia y permiso de trabajo. Y no, recién ocurrido el suceso de Lorca, que el secretario para la Inmigración corra a Ecuador para proponer ahora un hipócrita arreglo? Es de tal magnitud la presencia de ecuatorianos en Lorca y tan valiosos sus aportes a la producción agrícola local que no cabe otra interpretación acerca de cómo debe comportarse un país maduro y democrático que pretenda actuar dentro de los marcos del Estado social y de derecho. Toda interpretación sobre la Constitución nos coloca en la relación que debe existir entre esa Constitución y la democracia. Se niega tal relación si se dejan de propugnar como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (art. 1.1 CE), que es lo que el Estado español está haciendo con los inmigrantes.

Roberto Bergalli es jefe de estudios en Criminología y Política Criminal de la UB.