El Gobierno asegura que el Ejecutivo central le impide prestar ayuda sanitaria y legal a los polizones

Desde que comenzó el año, 12 polizones han llegado a la provincia de Vizcaya. 'El Ministerio del Interior ha creado una muralla con su policía y es imposible que nuestros servicios humanitarios tengan el más mínimo contacto con los inmigrantes que llegan a bordo de los barcos', explicó un portavoz del departamento. Así, 'los servicios que los ciudadanos vascos sufragan con sus impuestos se quedan imposibilitados para actuar', añadió. En casos similares registrados el año pasado el Ejecutivo de Vitoria no había expresado su opinión.

Las desavenencias entre los gobiernos vasco y central en el tema de extranjería son continuas en los últimos días. El Ejecutivo autónomo no dispone de competencias en este campo, lo que limita mucho su actuación. Por ejemplo, la nueva ley de Extranjería, que entró en vigor ayer, ha sido tachada de 'restrictiva' por el departamento, que ha aprovechado para apoyar el empadronamiento de irregulares. Los ayuntamientos son las instituciones competentes para aprobar el empadronamiento de una persona. En el caso de Euskadi, las ventajas de residir en un municipio son evidentes: cobro del salario social a partir de un año de antigüedad en la localidad y de las Ayudas de Emergencia Social (AES) desde los seis meses.

Cupo de inmigrantes

En un intento de superar las trabas, la consejería que dirige Sabin Intxaurraga ha pedido al Gobierno central, entre otras cosas, intervenir para fijar su propio cupo de inmigrantes. La viceconsejera de Asuntos Sociales, María Ángeles Iztueta, pidió ayer la transferencia para Euskadi de las competencias sobre inmigración. Según Iztueta, la nueva ley es 'totalmente conservadora' y limita 'mucho' las posibilidades de actuación del Gobierno vasco con los inmigrantes.

A pesar de esta circunstancia, Iztueta aseguró que su departamento abordará iniciativas en favor de los extranjeros. 'Hay que actuar con las competencias que tenemos y, desde luego, reclamar más porque todo lo relacionado con la cuestión legislativa y de empleo reside en Madrid', destacó. Iztueta recordó que todos los inmigrantes que se encuentren en Euskadi dispondrán de tarjeta sanitaria (algo que en el resto de España se retringe a colectivos muy determinados) y que se pondrá a su servicio un abogado de oficio, aunque la ley de Extranjería elimina ese derecho. 'Los límites vienen impuestos por una ley que, en muchos casos, retrocede hasta la norma de 1985', zanjó.

El Gobierno vasco pretende elaborar antes del verano un plan de inmigración que englobe las medidas que desde la Administración autonómica se vayan adoptando en esta materia. 'Hay que estar preparados para una realidad social que ya está aquí', recalcó un portavoz de la consejería de Trabajo.

En la actualidad, 1.666 solicitudes de regularización de inmigrantes presentadas en Euskadi han sido aceptadas, mientras que 202 han sido denegadas, 40 archivadas y 446 están pendientes de algún trámite. La mayoría de las solicitudes se han presentado en Vizcaya.