Tres entidades exigen al Defensor del Pueblo que lleve la ley al Constitucional

Las dos primeras solicitudes para que el defensor cuestione la ley ante el Tribunal Constitucional fueron registradas los días 9 y 12 de enero, según informaron a Europa Press fuentes del Defensor del Pueblo. Fenidasmer inscribió la suya ayer, justo el día de entrada en vigor del texto. La patronal asegura que se pretende convertir al transportista en 'un auténtico agente de inmigración, imponiéndole la obligación de comprobar la validez y vigencia de los pasaportes, títulos de viaje, documentos de identidad, visados, etcétera'. La ley establece que los transportistas pueden ser sancionados si no vigilan celosamente que sus pasajeros van correctamente documentados.

La oficina del Defensor aún no ha decidido qué hacer, pero tiene tres meses para presentar o no el recurso. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional fija que los recursos de inconstitucional podrán presentarse en los 90 días siguientes a la entrada en vigor del texto cuestionado. El defensor está legitimado para recurrir pero también pueden apelar 50 diputados, 50 senadores, el Gobierno central y los Ejecutivos autonómicos.

Múgica podría ver cómo en los próximos días se acumulan nuevas demandas para que presente recurso de inconstitucionalidad. IU tiene previsto estudiar hoy si promueve o no el recurso, al entender que la ley supone una 'anulación de los derechos fundamentales de los extranjeros en situación irregular', según aseguró ayer su portavoz parlamentario, Felipe Alcaraz. IU carece del número de diputados suficiente para hacerlo en solitario.

CC OO, antes de presentar su petición ante el defensor, está elaborando un documento jurídico sobre cómo afecta la ley a los derechos de los inmigrantes, especialmente en la tutela judicial efectiva y en el ejercicio de las libertades públicas, según responsables de inmigración del sindicato.

Recursos de ONG

En el frente de las organizaciones no gubernamentales, las peticiones de recurso más avanzadas son las de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Esta entidad, dirigida por la diputada socialista Delia Blanco, considera inconstitucional tanto la restricción de derechos como el mecanismo de expulsión preferente de inmigrantes. También han anunciado recursos la Plataforma Derechos para Todos, el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, la Asociación Hispano-ecuatoriana Ramiñahui y la red Andalucía Acoge.

Asimismo, Cáritas y otras siete entidades vinculadas a la Iglesia a aseguraron que la ley 'viola el principio ético fundamental de que los emigrantes han de ser tratados siempre con el debido respeto a la dignidad de toda persona' y 'condena a la marginalidad y a la clandestinidad' a miles de personas. Lo mismo dijo UGT, para quien el texto impulsado por Interior lleva a los sin papeles a 'la explotación y a un callejón sin salida'.

Incluso el premio Nobel de Literatura José Saramago habló de la ley. Señaló la 'contradicción' entre que España diga que necesita la inmigración al tiempo que se ponen todas las trabas a los inmigrantes. '¿Qué es eso de ser un sin papeles?', se preguntó: 'Aunque no los tengan [los inmigrantes], son seres humanos y al ser humano lo primero que hay que hacer es darle un papel para que la sociedad lo reconozca como tal'.