La Asociación Pro Derechos Humanos ayudará a los 'sin papeles' a eludir su expulsión de España

La APDHA eleva a 40.000 el número de inmigrantes que, según sus cálculos, desde ayer han quedado en situación ilegal en Andalucía. La mayoría de ellos en las provincias de Almería y Málaga. Ante esta situación, han decidido pasar de la denuncia verbal contra la norma a la acción. 'Lo que vamos a hacer es desobedecer. Nos declaramos insumisos ante la Ley de Extranjería porque no vamos a aceptar un texto que viola los derechos humanos. No podemos ni asumir ni respetar a una ley que está en contra de la realidad', dijo el presidente del colectivo, Rafael Lara.

Los miembros de la organización no gubernamental van a trabajar para 'evitar' la salida de los inmigrantes de España, 'tengan o no papeles'. Aunque no han explicado en qué consistirá el dispositivo de ayuda articulado por la asociación, Lara fue contundente al explicar la intención de los miembros del colectivo: 'Vamos a intentar apoyar y ayudar a los inmigrantes que vengan a nuestro país, vamos a evitar que la policía los expulse y, por tanto, vamos a esconder a los inmigrantes de la policía si hace falta'.

Desde el comienzo de la tramitación de la ley, la APDHA se ha mostrado beligerante al considerar que el texto 'no responde a la realidad y que, por lo tanto, nace muerto'. Ahora, una vez aprobada la ley, y en vigor, añaden: 'No podemos acatar esa ley injusta. Nos han puesto en una situación límite con un texto que goza de apoyo parlamentario pero que ha cosechado un amplio rechazo social; una ley que va a dejar en la clandestinidad y en la frontera de la explotación a miles de personas; una ley que va a fomentar las mafias y las pateras'.

Demanda de empresarios

La APDHA considera que Andalucía tiene capacidad para ofrecer miles de empleos a estos inmigrantes. Cita como ejemplo el caso de dos empresarios de Sanlúcar de Barrameda y uno de Chiclana que se han dirigido a esta organización para solicitar la contratación de inmigrantes para trabajos agrícolas toda vez que el Instituto Nacional de Empleo (Inem) no satisfacía sus peticiones.

Por su parte, Osuna matizó: 'Una cosa es que no hayan reunido los requisitos para poder ser legalizados en España y otra que todavía estén ejerciendo sus derechos, porque la inmensa mayoría ha presentado recurso y habrá que esperar a que se termine de tramitar no sólo por la vía administrativa sino también por la vía del contencioso administrativo'.