Un chatarrero dice que suministró facturas falsas a Ereño para cobrarle una deuda
La sesión de ayer del juicio de Azpiegitura, la presunta estafa de 571 millones de pesetas a la Diputación vizcaína en la cimentación de un edificio, tuvo como primeros espadas a tres de las personas que fueron juzgadas en el anterior proceso, que el Tribunal Supremo ordenó repetir por defectos de forma. Larrabeiti confirmó lo que ya ha admitido ante la sala el propio Ereño, acusado ahora de estafa y de falsedad documental. El primer tribunal sólo condenó a Ereño por falsedad documental, a un total de seis meses de prisión.
El ex diputado foral y ex presidente de Azpiegitura, el socialista Juan Llorens, quien dimitió de su cargo cuando estalló este caso, admitió que aprobaron en 1991 el primer reformado del proyecto -con un incremento presupuestario de 334 millones de pesetas para las inyecciones- en un consejo de administración convocado con urgencia ante la 'falta de estabilidad' de las casas y del viaducto colindantes. En ese momento, a Llorens y al resto de los miembros del Consejo de Administración les pareció 'adecuado el precio' de las inyecciones de sulfatos y cemento indicado por la dirección de obra (55.000 pesetas por metro cúbico). 'No le vimos ningún problema', dijo Llorens, quien admitió que tenían 'plena confianza' tanto en el constructor como en el arquitecto Alberto López. 'Consolidar el terreno con inyecciones nos pareció la solución correcta', aseguró ayer el ex diputado.
La acusación particular, que actúa en nombre de la Diputación, y la fiscalía consideran que López y Ereño certificaron un volumen de inyecciones que 'nunca se efectuaron', en total más de 11.000 metros cúbicos. El fiscal cifra la estafa en 571 millones de pesetas, cantidad que la acusación eleva a 1.100 millones.
El tercer ex procesado que pasó ayer en calidad de testigo por la sala fue el geólogo y catedrático de la Universidad de Cantabria Jesús Saiz de Omeñaca. Durante la instrucción, Omeñaca fue encarcelado varias semanas acusado de haber dado 'verosimilitud' a la estafa con sus informes sobre los resultados de las inyecciones. Su universidad le expedientó y suspendió de empleo y sueldo durante tres años.
El geólogo aseguró ayer que él nunca vio inyectar y que nunca controló in situ las infiltraciones en el subsuelo. Pero dijo que elaboró sus informes con los datos que le proporcionó Ereño, a quien conocía previamente, y con los informes de laboratorios como Labein o Cinsa. Así 'interpretó' después que las inyecciones 'habían consolidado el terreno'. 'Nunca tuve ninguna duda de que se inyectó. No tenía ningún motivo para pensar que se habían falseado datos', subrayó.
