La cúpula del PP evita la autocrítica por el caso de las 'vacas locas' y endosa las culpas al PSOE

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, fue ayer el invitado estrella del máximo órgano de dirección del PP, del que no forma parte. Cañete efectuó un exhaustivo informe cronológico sobre el problema de las vacas locas desde su descubrimiento en el Reino Unido hasta los últimos casos aparecidos en España. Cañete concluyó que el mal se introdujo en España por la importación de piensos contaminados entre 1994 y 1996 y luego por la importanción de reses de otros países. El ministro señaló que tras provocarse esta infección en el Reino Unido, el brote se extendió especialmente a Francia, Irlanda y Portugal.

El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, designado por Aznar para coordinar estas situaciones de crisis, apuntilló que en esos años citados el Ejecutivo no era del PP (gobernaba aún el PSOE) y que lo que no podían hacer ahora los socialistas en la oposición era demagogia con un asunto tan serio.

Fue Rajoy el que apuntó que desde ahora debían seguirse a rajatabla todos los criterios y consejos que recomienden los técnicos y los científicos. Esta alusión fue interpretada por alguno de los presentes como un aviso a los deslices verbales sobre todo de la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, que ayer estuvo de nuevo callada durante toda la reunión.

Medidas del Gobierno

No fue sin embargo un comité ejecutivo resuelto de carrerilla por la dirección del PP. Hubo muchas más intervenciones que habitualmente. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan José Lucas, una de las autonomías más afectadas por esta crisis, aprovechó el momento para constatar los inconvenientes de las comunidades autónomas para aplicar algunas de las medidas acordadas por el Gobierno. Y en concreto apuntó contra ciertos ayuntamientos socialistas de su región, que ponen muchos reparos para aceptar los depósitos de las harinas provenientes de la incineración de esos animales. El asunto de la incineración trajo cola.

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, quiso destacar ante Aznar que en su corporación los partidos de izquierda en general se oponen a la incineración. Y así informó de que IU tramitó en el pleno del pasado 24 de diciembre una moción contra el uso de ese método por las dioxinas que genera. Esa salida de Álvarez del Manzano provocó primero risas y luego una respuesta cortante de Aznar, que le recordó su obligación de saber defenderse de las iniciativas de la oposición, porque 'si no podemos enterrarlas ni incinerarlas, algo habrá qué hacer'.

La presidenta del Senado, Esperanza Aguirre, valoró, como la mayoría de los oradores, la importancia de que este problema no se traspase a la salud humana, pero para remachar que tampoco debe olvidarse el daño que se está ocasionando a los ganaderos, queja de la que tiene conocimiento muy directo a través de familiares en ese sector.

Los ataques al PSOE fueron reproducidos públicamente tras el comité por Javier Arenas. El secretario general del PP admitió la 'gravedad y seriedad' del asunto, pero para demandar al PSOE y a los presidentes autonómicos y alcaldes sobre todo de ese partido el máximo rigor y cooperación ante un conflicto que no es español sino 'europeo'. Arenas culpó a José Luis Rodríguez Zapatero, el líder del PSOE, de usar 'el filón' de las vacas locas con 'irresponsabilidad y demagogia' sólo 'para desgastar al Gobierno del PP'.

Arenas incidió en ese argumento para denostar las 'frases ingeniosas' sin 'consistencia' ni 'gracia' de Zapatero sobre las vacas locas y en general sobre el final del buen ciclo del Gobierno, para advertirle de que así 'corre el riesgo de caminar hacia la derrota' en unas elecciones que aún ve muy lejos.

Aunque el debate de la jornada fue el de las vacas locas, Arenas aprovechó en su informe para aludir al reciente auto del Tribunal Supremo contra el reingreso como juez de Javier Gómez de Liaño tras el indulto aprobado por el Gobierno. Nadie mencionó el nombre del ex juez, pero Arenas sí señaló el respeto con que deben acogerse los pronunciamientos del alto tribunal, pero para remarcar que el Gobierno tampoco debe hacer dejación de sus funciones. Aznar apuntilló en su exposición final: 'Es obligación de todo Gobierno, y en general de todas las administraciones, defender sus competencias'. Frase que llevó a pensar a alguno de los convocados que el Gobierno recurrirá al conflicto de jurisdicción para resolver este enfrentamiento. Arenas se limitó a comentar que esa salida aún está en estudio.