La Ley de Extranjería que hoy entra en vigor amenaza de expulsión a miles de inmigrantes

La reforma de la Ley de Extranjería, aprobada definitivamente por el Senado el 14 de diciembre, consagra como infracción grave el vivir irregularmente en España o trabajar sin permiso. Los extranjeros que sean hallados en estas circunstancias podrán ser expulsados de forma preferente en 48 horas o en 72 horas si se les aplica el procedimiento ordinario. Con la ley vigente hasta ayer, ambas circunstancias sólo acarreaban multas a los inmigrantes.

La expulsión de extranjeros, en la práctica, no es tan sencilla, ya que requiere que el país de origen del inmigrante lo reconozca como ciudadano suyo, lo que impide la devolución a sus territorios natales de miles de irregulares. En la actualidad sólo Marruecos tiene firmado un acuerdo que permite la devolución inmediata, aunque el Gobierno no ha perdido el tiempo. En las últimas fechas ha negociado convenios de repatriación con los países con mayor flujo de emigrantes hacia España y está previsto que en breve estén suscritos con Nigeria, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Rumania, Polonia y Senegal.

La Ley ha llevado el temor a los 90.000 inmigrantes a los que el Gobierno rechazó su solicitud de documentación en el proceso de regularización que acabó el 21 de diciembre. La Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración se comprometió por ley a repescar a las 61.000 personas a las que se les denegó la petición sólo por no haber podido demostrar que estaban en España antes del 1 de junio de 1999. El Ejecutivo quería tener listo antes de que acabase este mes el decreto con las condiciones de la repesca, que podría fijar la inclusión de los rechazados en el contingente anual de trabajadores extranjeros, aún por fijar.

No habrá 'cacería'

El problema se plantea, no obstante, con los 22.000 extranjeros que no fueron regularizados por incumplir otros requisitos y con los 6.271 cuya solicitud se archivó sin más. Todos ellos están supuestamente localizados a través de la documentación que entregaron y, de hecho, nada más terminar el proceso de regularización, el Gobierno empezó a enviarles cartas para avisarles de que debían salir del país. 'Deberá abandonar el territorio español, a cuyo efecto se le concede un plazo de 15 días, a contar desde el siguiente al de la notificación de esta resolución', decía la misiva.

El Ejecutivo, no obstante, ha insistido en las últimas semanas en que no iba a abrir una 'cacería de inmigrantes'. De hecho, la direcciones generales de la Policía y la Guardia Civil aseguraron ayer que no habían recibido 'ninguna instrucción' para aumentar la presión sobre los irregulares. Además, explicaron, que a falta de un reglamento que desarrolle el texto legal, ambos cuerpos deben limitarse 'a aplicar la ley en los casos que se presenten'.

La mayoría de los españoles también rechaza la expulsión, como quedó ayer de manifiesto en la encuesta del Pulsómetro de la Cadena SER, en el que se preguntaba qué se debía hacer con los ecuatorianos que viven irregularmente en Lorca (Murcia). El 67% de los consultados opinó que el Gobierno debe regularizarlos para que se queden legalmente en España y sólo un 18% optó por la expulsión.

El rechazo a la reforma fue rubricado ayer por socialistas, sindicatos, ONGs y por algunos Gobiernos regionales. La crítica general consiste en que se deja sin derechos fundamentales a miles de personas que ya están aquí, al tiempo que se les condena a la marginación por la imposibilidad de trabajar legalmente.

Por otro lado, el Gobierno está dispuesto a negociar el mantenimiento de las autonomías y las corporaciones locales en el Foro de la Inmigración. La comisión permanente de este organismo se reunió ayer para debatir una alternativa al real decreto que el Ejecutivo quiere aprobar para hacerse con la mayoría absoluta en ese órgano consultivo. Según asistentes al encuentro, la Administración se mostró favorable a discutir todos los puntos conflictivos del proyecto. Las organizaciones independientes coincidieron en el rechazo a las pretensiones del Gobierno.