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La petición de Interior para no empadronar a inmigrantes indocumentados es ilegal

La resolución, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y la dirección general de Cooperación Territorial, fue esgrimida ayer por el diputado de CiU Carles Campuzano durante la comparecencia del ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, ante la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso de los Diputados. El ministro acababa de respaldar el llamamiento hecho el día anterior por Fernández-Miranda a los alcaldes, calificándolo de 'normal', 'correcto' y de 'llamada a la seriedad'. Más tarde, advertido de que las palabras del delegado del Gobierno para la Extranjería podían animar a vulnerar la normativa vigente, matizó: 'Nadie ha pedido la derogación de normas, sino la aplicación seria de las que ya existen'. ¿Cuáles son?, le acorralaron los periodistas. Y el ministro respondió: 'No me sé de memoria el BOE'.

El propio titular de Interior, de quien depende Fernández-Miranda, midió sus palabras cuando fue preguntado por las declaraciones de su secretario de Estado. Jaime Mayor Oreja evitó referirse a la petición concreta de que los municipios no empadronen a inmigrantes irregulares. 'Yo he leído las palabras textuales del delegado del Gobierno y están llenas de sentido común cuando dicen que no se utilicen mal los padrones municipales para obtener más ayudas económicas', dijo. Añadió que las declaraciones de su subordinado 'han sido una apelación, no desde la coacción, sino una orientación desde el sentido común y la lógica'.

La intervención de Fernández Miranda desató ayer una tormenta política. El Gobierno aguantó el chaparrón de críticas sin aclarar si piensa aplicar la petición del secretario de Estado o si éste cometió un exceso verbal. Y ello a pesar de que la página web del Partido Popular despejó cualquier duda sobre posibles maliterpretaciones de sus palabras al reproducirlas de este modo: 'Los ayuntamientos tienen un papel clave para combatir la inmigración ilegal, ya que son los que se encargan del ampadronamiento, que sólo se debe hacer a los inmigrantes con permiso de residencia'.

Asistencia sanitaria

El asunto es especialmente grave porque, al margen de las posibles vulneraciones legales, privaría de asistencia médica a los irregulares. Figurar en el padrón es requisito indispensable para obtener la tarjeta sanitaria que permite recibir tratamiento en los ambulatorios. Esta preocupación fue recogida ayer por varias organizaciones sociales.

Médicos Sin Fronteras, una de las ONG más activas en el campo de la inmigración, emitió un comunicado en el que señala: 'En su nueva redacción, la Ley de Extranjería, a pesar de la severa reducción de derechos básicos reconocidos a los inmigrantes indocumentados en España, mantiene el derecho a la asistencia sanitaria de todos los inmigrantes en los mismos términos que la anterior. El problema radica en el hecho de que la imposibilidad de acceder al empadronamiento impide la obtención de la tarjeta sanitaria, sin la cual no se puede recibir asistencia médica'. Y añade: 'No hay razón que justifique la negación del derecho a la salud de cualquier persona por el solo hecho de serlo'. En el mismo sentido, la Comisión Ejecutiva Federal de UGT afirma: 'El derecho a la prestación de la asistencia sanitaria tal y como ha quedado configurado en la Ley de Extranjería y en las circulares del Insalud desaparecería para los inmigrantes en situación irregular, contraviniendo (...) no sólo el artículo 12 de dicha Ley, sino también el artículo 43 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a organizar y tutelar la salud pública'. También CCOO opina que las recomendaciones del delegado 'suponen, en la práctica, inducir a los ayuntamientos a cometer prevaricación'; es decir, a que incumplan la Ley de Bases de Régimen Local, su reglamento de desarrollo y la propia Ley de Extranjería. A que 'realicen un acto administrativo a sabiendas de que éste es injusto'.

Espejo de la dignidad

La secretaria de políticas sociales y migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, advirtió: 'Mucho me temo que El consejero andaluz de Asuntos Sociales, Isaías Pérez, recordó que hace un año la Junta presentó, en colaboración con el Ministerio de Trabajo, una campaña para fomentar el empadronamiento de inmigrantes. 'Cómo vamos ahora a permitir que venga ahora un responsable de la Administración central a decir que no se cumpla el desarrollo obligatorio de la Ley de Régimen Local, por la cual todas las administraciones iniciamos la campaña', dijo. Dicha campaña continuaba ayer colgada en la web del ministerio.

La Federación Española de Municipios y Provincias declaró que las competencias sobre empadronamiento están en manos de los ayuntamientos, y la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIME) advirtió que llevará a los tribunales a aquellos consistorios que se nieguen a empadronar a irregulares.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 19 de enero de 2001

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