El Foro Cívico destaca la 'incompetencia' del Consell para hacer frente a la 'legionella' de Alcoy

Portavoces vecinales, sindicales y políticos reunidos ayer en Alcoy destacaron la 'incompetencia en la dirección técnica y política' de la Administración frente al brote de legionella en L'Alcoià, que ha infectado desde septiembre de 1999 a dos centenares de personas. A este aspecto se une la falta de información 'clara, puntual y suficiente' que hubiera evitado la 'alarma social'. Los asistentes a la reunión no pasaron por alto el hecho de que aún no se ha localizado la fuente de infección tras 16 meses de investigación y plantearon la iniciativa de crear una comisión de afectados.

Los asistentes al Foro Cívico -PSPV, EU, CC OO, UGT, la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, entidades vecinales y de consumidores- coincidieron en destacar la mala gestión del gobierno del Partido Popular para acabar con el problema de salud pública que ha supuesto la epidemia de legionella en Alcoy. La diputada del grupo parlamentario socialista María José Mendoza señaló que la situación generada en la ciudad en septiembre de 2000 fue la misma que la acontecida un año atrás 'pero multiplicada'. Así, denunció la 'incompetencia de la dirección técnica y política' en la gestión de los diferentes brotes que calificó como 'inadecuada'.

Otro de los aspectos que subrayaron los integrantes del foro fue la falta de información 'clara, puntual y suficiente', ofrecida a la población, que hubiera evitado la 'alarma social injustificada' que se produjo. En este aspecto, la parlamentaria de Esquerra Unida Ángela Llinares recordó la rapidez con que se cortó el brote de legionella en Lluxent, en la década de 1980. Llinares apuntó que el problema se encuentra inacabado, 'al no haberse encontrado el origen de los brotes'.

Agregó que es preciso que continúe la vigilancia epidemiológica y la búsqueda de nuevas instalaciones contaminadas y criticó la falta de ayuda por parte de la Administración autonómica para atajar el problema y el retraso en la aprobación del decreto para controlar las instalaciones de aire acondicionado.

Entre las conclusiones ofrecidas ayer figura la queja por la posible vulneración de la normativa europea que obliga a los gobernantes a informar sin demora, siempre que exista un peligro potencial o ante cualquier alteración de la calidad del agua potable, una vez se confirmó la presencia de la bacteria en el agua.

Demanda judicial

La reunión de ayer es la segunda que se convoca por el Foro cívico. A ella asistieron políticos locales y autonómicos, parlamentarios de los grupos de izquierda (Josep Albert Mestre, de Nova Esquerra; Antonio Morenoy María José Mendoza, del PSPV; Alfredo Botella, y Ángel a Llinares, de EU) y portavoces de centrales sindicales (Rafael Recuenco, secretario general de UGT en el País Valenciano, y Paco Molina, de CC OO), además de los vecinos. Éstos plantearon la posibilidad de constituir una comisión de afectados del brote de legionella. Desde la mesa se constató que hasta la fecha no se tenía constancia de la presentación de demanda alguna en los juzgados, aunque el secretario general de las comarcas centrales de CC OO, Paco Molina, señaló que algunos familiares habían iniciado trámites con el objeto de que los juzgados iniciaran una investigación al respecto

Por otra parte, el consejero de Sanidad, Serafín Castellano, lamentó ayer, en referencia a la reunión del Foro Cívico, que 'asuntos importantes de salud pública se quieran tratar con un tinte demagógico o armando ruido'.

Castellano destacó que el Gobierno valenciano 'ha sido transparente, claro y conciso en todas las explicaciones, informaciones y trabajos realizados respecto al brote de legionella. Incluso aceptó, cosa poco habitual cuando gobernaban otros, una comisión de investigación'. Castellano añadió: 'Cada uno es libre de ejercer la oposición como lo entienda, pero también son libres después los ciudadanos de elegir las opciones de seriedad y responsabilidad que quieran que les gobierne'.