Educación y los rectores andaluces fijan en 130 las actuaciones prioritarias en infraestructuras

El acuerdo alcanzado ayer entre la Comisión Académica Universitaria (CAU) y la Consejería de Educación permitirá la distribución de los 60.000 millones de pesetas en inversiones en infraestructuras contemplados en el III Plan de Inversiones en Universidad 2001-2005, que la consejera presentó al Parlamento el pasado 20 de diciembre. El reparto de estos fondos responde a las necesidades específicas de cada universidad, por lo que cada institución recibe una cantidad inicial que, según el convenio firmado por cada rector con Educación, es susceptible de ser revisada, y en su caso incrementada, respondiendo a las necesidades que aún se tengan después de la finalización del conjunto de 130 actuaciones prioritarias acordadas ayer.

Para ello, Martínez anunció que se creará una comisión de seguimiento de las actuaciones acordadas entre las 10 universidades y que en 2003 este acuerdo será revisado y se adoptarán las medidas necesarias para seguir financiando inversiones en obra nueva, en equipamientos y en mantenimiento y reparación de infraestructuras dentro del plan plurianual de inversiones en universidades.

Así, según el convenio que cada rector suscribió con Educación, el reparto inicial de los 60.000 millones entre las 10 universidades andaluzas se ajustaría a las cifras que se barajaron en la propuesta que la Consejería presentó a la CAU el pasado 20 de diciembre. La Universidad de Sevilla recibirá 11.250 millones de pesetas aproximadamente; la Universidad de Málaga 4.740 millones; la de Granada 8.085 millones; la Universidad de Huelva rozará los 6.500 millones; la de Almería 4.400 millones; la Universidad de Cádiz rondará los 8.800 millones; la de Jaén 4.900 millones; la de Córdoba 6.300 millones; la Pablo Olavide 4.700 millones y la Universidad Internacional 657 millones.

Déficit arrastrado

Pese al acuerdo de reparto, la mayoría de los rectores mantienen abierto un frente con la Consejería de Educación: el déficit en infraestructuras que arrastran del anterior plan de financiación universitaria. Algunos rectores piden a Educación que haga frente a la deuda que han contraído sus respectivas instituciones al financiar de sus propios recursos obras que se pusieron en marcha con los fondos del anterior plan de infraestructuras, cuyo costo no se terminó de cubrir. Así, la posición más crítica en este asunto es la que defiende el rector de la Universidad de Huelva, Antonio Ramírez de Verger, quien en reiteradas ocasiones ha solicitado a la Junta que cargue con el déficit de 8.000 millones que asegura pesa sobre su institución 'porque de otra forma el dinero que reciba Huelva de este reparto sólo nos permitirá tapar algunos huecos, pero no iniciar proyectos nuevos'.

Antonio Díez de los Ríos, rector de Málaga, que cifra en cerca de 7.000 millones el déficit de la universidad malagueña en este concepto, considera que la única forma de evitar el endeudamiento de las centros en años venideros pasa por la rápida adopción de un modelo de financiación adecuado a las necesidades específicas.

La Universidad de Granada afronta el próximo quinquenio sin deudas por infraestructuras, pero su responsable, David Aguilar, confía en recuperar los aproximadamente 1.000 millones gastados en pagos de obras iniciadas bajo el anterior plan: 'No tenemos deudas de obras ejecutadas que no hayan sido pagadas, aunque sí compromisos de ejecución de unas obras puestas en marchas por el anterior equipo de gobierno. Lo que se ha ido ejecutando se ha ido pagando con cargo a remanente presupuestario de la Universidad, lo que ha hecho que nos quedemos sin ahorros'.