El Colegio de Abogados de Álava estudia la legalidad de su financiación

El ambiente entre los letrados del Colegio de Álava sigue caldeado. El incremento de las cuotas propuesto por la Junta de Gobierno, de más del 100%, para 2001 provocó el día 28 de diciembre una protesta generalizada de los abogados, quienes en Asamblea General tumbaron los presupuestos propuestos por la Junta. Este hecho fue interpretado por el propio órgano de gobierno como una censura, y el pasado día 11 decidió dimitir en bloque.

Sin embargo la dimisión de la Junta no soluciona el problema de fondo. Los gastos del colegio han crecido tanto que el coste para los abogados empieza a ser difícilmente asumible. En Álava pagan 30.000 pesetas de cuota fija anual más una cuota complementaria que se fija en función de la tasa que pagan -el bastanteo- por los escritos presentados ante el juzgado. A más escritos, menos cuota; a menos escritos, más cuota, con un tope fijado en 78.000 pesetas. Hay abogados que han pagado 108.000 pesetas por ejercer en Álava, cuando en Vizcaya y Guipúzcoa no pasaron el pasado año de las 35.000 pesetas.

Ilegalidad

El Colegio ha encargado ahora un estudio al Servicio de Defensa de la Competencia para que evalúe si los bastanteos -que ahora no son obligatorios tras la reciente entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil- perjudica a los letrados alaveses. Los abogados, sin embargo, creen que el servicio de inspección de los bastanteos colisiona con la Ley de Protección de Datos.

El Colegio no tiene más que introducir en el ordenador el nombre de un letrado para ver en pantalla el nombre de todos sus clientes y asuntos, y lo hace sin autorización expresa de los clientes, aunque con el objetivo de calcular esas cuotas.

Si esa base de datos se hiciera pública sería también público el nombre de miles de clientes de los letrados alaveses y las causas que han tenido ante los juzgados. La Junta tiene que afrontar ahora no sólo la desviación de 20 millones de pesetas en sus gastos del pasado año, lo que implica una gestión deficitaria, sino también un escrito que el juez decano de Vitoria recibirá esta misma semana, en el que varios abogados le piden que reconsidere la autorización al servicio de inspección del Colegio de Abogados de Álava.