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La Cámara de Cuentas reclama a la Asamblea que habilite 200 millones para pagar los sueldos de su personal

Vicente G. Olaya

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, organismo público constituido el pasado 27 de diciembre para fiscalizar las cuentas de la Administración regional, no puede hacer frente, de momento, a las nóminas de sus empleados. La cámara, que dispone de un presupuesto aprobado de 480 millones, no puede gastar parte de este dinero en sueldos ni contratar a nadie porque su presupuesto no está dividido en las correspondientes partidas (personal, inversiones, gastos corrientes...).

Por eso, y ante 'la falta de medios personales y materiales', según describe el presidente de la cámara, Ramón Muñoz Álvarez, en una petición oficial enviada a la Asamblea, se hace necesario que se habiliten 200 millones de pesetas con el fin de 'hacer frente a los gastos de personal'.

Igualmente, Muñoz Álvarez reclama que el Parlamento madrileño gestione 'las nóminas de los miembros y personal de la Cámara de Cuentas', así como que tramite 'los contratos necesarios para el funcionamiento' de este organismo fiscalizador. La falta de los técnicos necesarios impide a la cámara realizar también estas labores.

Muñoz Álvarez recuerda que esta petición oficial de ayuda ('encomienda de gestión', se denomina en lenguaje administrativo) se fundamenta en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

El máximo responsable de este organismo fiscalizador cree que la 'encomienda de gestión' por parte de la Asamblea 'debe ser de cinco meses, plazo que se estima suficiente para que la cámara cuente con los medios necesarios para poder desarrollar las funciones encomendadas'.

El pasado 16 de diciembre, la Asamblea nombró a los siete consejeros para la cámara: cuatro del PP, dos socialistas y uno de IU. Uno de ellos explicó ayer que la Cámara de Cuentas se ubica en un edificio prestado por la Comunidad (en la avenida de los Madroños), 'que está aún en obras'. 'La petición del presidente a la Asamblea tiene su lógica, ya que se trata de un organismo de nueva creación y, de momento, no tiene posibilidades de gestionarse por sí mismo', concluyó.

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Sobre la firma

Vicente G. Olaya
Redactor de EL PAÍS especializado en Arqueología, Patrimonio Cultural e Historia. Ha desarrollado su carrera profesional en Antena 3, RNE, Cadena SER, Onda Madrid y EL PAÍS. Es licenciado en Periodismo por la Universidad CEU-San Pablo.

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