El amigo americano

La declinante secretaria de Estado norteamericana Madeleine Albright y el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, firmaron el jueves 11 en Madrid un acuerdo marco que pretende definir un nuevo campo privilegiado de cooperación entre los Gobiernos de Estados Unidos y de España. Se trata de una macedonia de frutas a base de 'nuevos retos a la seguridad' que suma elementos tan dispares como la violencia social, el desorden industrial y el sida que al parecer son las amenazas estratégicas del tiempo presente, aunque algunos todavía no se hayan dado por enterados. Pero, más allá de estas heterogeneidades y con el envoltorio edulcorante de institucionalizar una reunión anual entre el Departamento de Estado y el Ministerio, la sustancia reside en el compromiso de proceder a una revisión técnica del convenio de Defensa vigente desde 1989 y de facilitar una modernización de instalaciones.

El Convenio citado se publicó en el Boletín Oficial del Estado del 6 de mayo de 1989. Fue negociado durante más de dos años para llevar a cabo lo establecido en el tercer punto del referéndum de 1986 que, al fijar las condiciones de la permanencia de España en la Alianza Atlántica disponía que debía procederse a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España.

Al frente de las misiones negociadoras estuvieron el secretario general de Política Exterior, embajador Máximo Cajal, y R. Bartholomew, embajador de los Estados Unidos en Madrid. Ahora que tanta importancia se quiere atribuir a estas relaciones de Defensa puede ser oportuno hacer algunas precisiones.

La primera es muy reciente. Deriva del llamado Libro Blanco de la Defensa, que en realidad es un álbum de estampas a todo color, presentado al público el 28 de marzo de 2000. La consulta a sus 172 páginas más otras 105 de muy variados apéndices permite afirmar que carece de referencia alguna al Convenio con nuestro principal aliado que disfruta en nuestro país de importantes Instalaciones de Apoyo (IDAS) y al que concedemos reiteradas Autorizaciones de Uso (ADUS). La segunda es un elemental recordatorio de las circunstancias que rodearon las negociaciones del Convenio porque asombra repasar el despliegue de insidias vertidas en la prensa española de la época contra el embajador Cajal.

El Abc de Anson, el 21 de marzo de 1987 decía que 'la arrogancia, los preconceptos y el apasionamiento del señor Cajal no son el mejor bagaje para propiciar un entendimiento hoy necesario para España y para Norteamérica'. Meses después el 24 de julio de ese mismo año, Abc publicó un texto firmado por Alberto Míguez en el que se decía que el ministro Francisco Fernández Ordóñez 'mantuvo un equipo con un nivel profesional aceptable, pero con algunos hombres de Morán que parecen al servicio de los intereses de la Unión Soviética'. Y añadía: 'El secretario general de Política Exterior, Máximo Cajal, tuvo que bregar con varias negociaciones, entre ellas las de las bases americanas y demostró un cierto sectarismo antiamericano, impropio de una negociación diplomática'.

Míguez remitió al día siguiente una carta a Anson rechazando esas frases 'que no estaban en el original y de las que en modo alguno quería responsabilizarse' pero nunca llegó a publicarse (véanse para más detalles las páginas 191, 192 y 193 del libro ¡Saber quién puso fuego ahí!, de Máximo Cajal, publicado por Siddhart Mehta Ediciones). En esa misma línea de descalificación se situó también otro llamado maestro de periodistas, Emilio Romero, siempre celoso de preservar los intereses de Washington, quien responsabilizaba a Cajal de la masacre de la embajada española en Guatemala y se asombraba de que con esos antecedentes hubiera sido nombrado presidente de la comisión negociadora por parte de nuestro país.

Atentos ahora que volvemos a esta clase de negociaciones con Estados Unidos, que se inician con una declaración Piqué-Albright, sobre cuyo contenido en buena ley deberían haber sido informadas con la debida antelación y detalle todas las fuerzas políticas del arco parlamentario. Porque, además, cualquier modificación del vigente Convenio de Defensa entraña muy importantes arrastres. Además, el asunto del uranio empobrecido, sobre el que se necesitan urgentes aclaraciones del ministro de Defensa, debería alertarnos para no desempeñar el papel de pardillos.