La 'prescripción' de los apercibimientos a los escoltas cierra un conflicto que Balza arrastraba desde verano

El brazo derecho de Javier Balza en el Departamento de Interior, Mikel Legarda, encabezó la representación de Interior en la reunión que el departamento mantuvo el miércoles con los representantes sindicales de Erne, ELA y Comisiones Obreras. Con la cabeza de José Manuel Betanzos en bandeja, hecha pública en la prensa el último día del año, y con el anuncio, en la misma reunión, de que buena parte de los más de 70 expedientes incoados por el instructor Joseba Cuñado a los escoltas estaban 'prescritos', Legarda pensaba encarrilar la negociación con las centrales. Pero fracasó. Para entonces, los principales sindicatos conocían, algunos de primera mano, los pormenores de la salida de José Manuel Betanzos.

El ex responsable de los berrocis -germen inicial de la Ertzaintza- se ha sentido especialmente dolido por la calificación dada por las centrales en su comunicado del pasado 21 de diciembre sobre el 'trato vejatorio' dado por él a sus hombres. Lo que había llevado a Berrozi a la 'situación más grave vivida desde su creación'.

Fuentes conocedoras de cómo se han desarrollado los expedientes a los berrocis, desde que se iniciaron los primeros plantes por las pruebas físicas allá por junio pasado, consideran que desde la Viceconsejería de Seguridad se ha tensado la cuerda excesivamente. Sobre todo porque la sucesión de expedientes -con propuestas incluso al principio de faltas graves con suspensiones de empleo y sueldo- desde el verano, ha coincidido con una avalancha de peticiones de protección por parte de concejales populares y socialistas por el terrorismo etarra.

Interior tuvo que ir retirando patrullas de Seguridad Ciudadana de las calles vascas hasta llegar a las 200 para hacer frente a las peticiones de escoltas. Balza tuvo que cerrar un acuerdo el 20 de noviembre en Junta de Seguridad con el Ministerio del Interior para repartirse al 50% los servicios de escolta en el País Vasco. Para entonces, Interior ya tenía destinados a estas labores de protección a unos 600 agentes.

Balza reconocía sin ambages que la 'situación era insostenible' para la Ertzaintza, pero la Viceconsejería de Seguridad seguía dando vueltas de tuerca, acumulando expedientes disciplinarios en la mesa.