Ley y medios

La Ley Penal del Menor, que el pasado sábado entró en vigor, llega marcada por las dudas sobre su viabilidad, el escándalo ciudadano ante algunas excarcelaciones de menores muy peligrosos y augurio de todos los catastrofismos imaginables por parte de muchos responsables de su aplicación. Parece así que la alarma social que se trataba de evitar adecuando la responsabilidad penal de los menores a los tiempos que corren, a la normativa constitucional y a la Convención de los Derechos del Niño, ha tenido un efecto contrario al pretendido. No deja de causar perplejidad que una ley que valora el superior interés del menor y pone el acento en la reeducación del infractor, nazca rodeada de tantas y tan sonadas protestas. ¿Quién es responsable?

Numerosos expertos consideran que la Ley Penal del Menor es una buena ley. Valora especialmente el interés del menor entre los 14 y 18 años, encomienda al ministerio fiscal la instrucción del proceso y configura al equipo técnico de psicólogos y pedagogos como instrumento imprescindible para alcanzar los objetivos de reinserción del menor delincuente. Los delitos de extrema gravedad y los relacionados con el terrorismo tienen un tratamiento penal excepcional de hasta 10 años de internamiento en régimen cerrado, que ha contado con un amplio respaldo parlamentario. En interés de la víctima se establece un procedimiento rápido de resarcimiento de daños, y se hace responsables solidarios de los hechos cometidos por el menor a sus padres o guardadores. Además, la moratoria de un año respecto a los jóvenes de entre 18 y 21 años permitirá una aplicación escalonada, aunque habrán de ser revisados casi 1.400 de estos casos en dos meses. Los casos de jóvenes de 16 y 17 años condenados a penas de prisión por delitos graves que cambian de situación se limitan a 175, de los cuales 111 han salido ya en libertad.

Precisamente porque es una buena ley, el Ministerio de Justicia tenía la obligación de haber previsto la situación que iba a crear la salida en libertad, por muy vigilada que sea, de las dos niñas presuntas asesinas de San Fernando, o el traslado de menores de alta peligrosidad a centros reeducativos de los que ya se han fugado una decena de veces. Con todo, y pese a las críticas de que esta ley viene acompañada de insuficientes medios para aplicarla, los especialistas no dejan de reconocer el esfuerzo desplegado en los últimos meses por el ministerio que dirige Ángel Acebes en la creación de 129 plazas de fiscales de menores, así como en la dotación de locales y equipos necesarios para la puesta en funcionamiento de la ley. Son suficientes fiscales, al menos para empezar, a los que se sumarán otros 19 este año. Sólo en Madrid se crean dos juzgados, 12 plazas de fiscales, 12 equipos técnicos completos y 30 funcionarios auxiliares. Todo un hito en comparación con el último e ineficaz periodo de mandato de la ministra Mariscal de Gante. Sin embargo, preocupan algunas improvisaciones de última hora, como las condiciones de contratación y formación del personal de algunos centros de iniciativa privada, tal y como ha ocurrido en Madrid.

La ejecución de las medidas impuestas por el juez corresponde a las entidades de protección de menores de las comunidades autónomas, a las que se atribuye la provisión de centros y especialistas en las áreas de la educación y reinserción del menor delincuente. Es en la provisión de centros de internamiento donde está el punto flaco en la aplicación de la ley. Las autonomías conocen el proyecto desde hace cuatro años y han dispuesto de un año de vacatio legis para asumir su cuota. Cierto que a algunas, como Andalucía, el coste de la ley se les puede disparar por encima de los 15.000 millones de pesetas, pero nadie puede decir que le ha cogido de sorpresa algo que se lleva negociando desde hace tres años. A ellas les cabe una parte no menor de responsabilidad en el espectáculo que se está dando.