Necesidad de un Pacto de Estado

Acaban de entrar en vigor la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y la nueva Ley Penal del Menor, de las que tanto se está hablando y escribiendo en estos días. Sin duda, dos leyes necesarias y bien intencionadas, pero que se han elaborado con excesiva celeridad y poco consenso político y social.

La Ley de Enjuiciamiento Civil ha levantado una gran expectativa, dada su importancia como ley básica en la resolución de conflictos entre particulares, y por eso sería prematuro ahora hacer una valoración sobre su aplicación y eficacia, que deberá efectuarse en un próximo futuro. Qué duda cabe que la Ley de Enjuiciamiento Civil, a cuyo proyecto hicimos dura oposición los abogados, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado con importantes modificaciones que la mejoraban sensiblemente y que, como decía, hubiera sido mejor haber resuelto en un consenso previo, que es como deben de elaborarse las leyes de tal trascendencia social. Sin embargo, a pesar de las iniciales oposiciones al texto y de las cautelas que el mismo nos provocaba y nos sigue provocando, lo asumimos y comenzamos a prepararnos. Durante la vacatio legis, hemos efectuado a través de los colegios de abogados infinidad de cursos a fin de prepararnos para la hora de la verdad: su entrada en vigor. Ya se han comenzado a presentar las primeras demandas y ahora depende de los juzgados su tramitación y aplicación, lo que corresponde a los jueces y magistrados y a todo el personal que trabaja en la oficina judicial. En este punto, volvemos a insistir y esperemos que el tiempo no nos dé la razón, consideramos que faltan medios materiales y humanos para poder llevar a la práctica la ley. Y es probable que se produzca el efecto contrario que se pretendía y que la justicia civil se colapse, con los perjuicios que ello conlleva. Por lo tanto, nuestra primera llamada de atención vuelve a ser la necesidad imperiosa de dotar a los juzgados de esos medios materiales imprescindibles, adecuándolos a las previsiones del nuevo texto legal, así como de aumentar el número de jueces para hacer efectivas las expectativas y necesidades de la nueva ley.

Curiosamente, se está insistiendo en presentar como una de las novedades de la ley el nuevo proceso monitorio para deudas inferiores a cinco millones de pesetas, destacando que se puede iniciar sin necesidad de abogado y procurador. Creemos que eso no es un logro, sino un retroceso, por la importancia que tiene el derecho de defensa, y estamos convencidos de que el tiempo nos dará la razón. Por otra parte, no debe ocultarse a los ciudadanos que, en cuanto exista oposición del deudor, se convierte en preceptiva la intervención del abogado, con una demanda inicial en la que puede no haber intervenido el profesional del derecho y que, en consecuencia, puede tener defectos de muy difícil o imposible solución posterior. Por lo tanto, a pesar de no ser efectivamente necesaria la intervención inicial, estimamos que, para evitar perjuicios posteriores, los ciudadanos deben asesorarse adecuadamente antes de iniciar cualquier tipo de reclamación judicial. Y esa función de asesoramiento y consejo previo no pueden ni deben hacerla más que los abogados.

La entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil coincide con la también entrada en vigor de la nueva Ley Penal del Menor, con todas las dudas que la misma plantea y con la falta de medios para su puesta en práctica, como han resaltado los colectivos de jueces y fiscales. El Ejecutivo debe adoptar urgentemente las medidas necesarias para evitar que una ley aprobada no sea aplicada con todas sus consecuencias y conseguir que sus beneficios se apliquen de forma inmediata a quien proceda.

Estas importantes reformas en el orden civil y penal, en las que ciertamente no ha existido el consenso necesario, me hacen volver a llamar la atención sobre la imperiosa necesidad de llevar adelante el prometido Pacto de Estado para la Justicia, que desde diversos colectivos vinculados a la misma venimos reclamando desde hace tiempo, y que todas las fuerzas políticas, incluida la que gobierna nuestra nación, se comprometieron a abordar en esta legislatura. El primer paso debe ser, sin duda, una revisión en profundidad de los Presupuestos Generales del Estado, que destinan actualmente a este capítulo apenas el 0,8%. Con esa atención, nuestro país difícilmente puede tener la justicia que se merece.

No puede, pues, quedar en el olvido el compromiso adquirido y es preciso que con valentía y generosidad se afronten para continuar las importantes reformas pendientes que afectan a un ámbito tan vital para el Estado de derecho como es la justicia.

Eugenio Gay Montalvo es presidente del Consejo General de la Abogacía Española.