La policía palestina ejecuta a dos acusados de colaborar con Israel

Las organizaciones palestinas de derechos humanos denunciaron la aplicación de la pena capital y los tribunales de excepción en los que se pronunció porque no admiten recurso.

El procedimiento fue muy similar. Sendos pelotones de fusilamiento compuestos por nueve policías enmascarados cada uno dispararon contra los reos. Un oficial les remató a continuación de un tiro en la cabeza. En la comisaría de Gaza, donde se ejecutó a Makaui, estuvieron presentes medio millar de personas entre familiares de las víctimas, responsables policiales y de Al Fath. Sin embargo, en Nablús, unas 5.000 personas se concentraron en las calles adyacentes a la comisaría.

Es la primera vez que la Autoridad Palestina (AP) ejecuta a responsables de colaboracionismo con Israel desde su establecimiento en 1994. Tres penas capitales aplicadas con anterioridad se debieron a delitos de derecho común. El presidente palestino, Yasir Arafat, conmutó por prisión a perpetuidad una cuarta condena en marzo de 1999. Sin embargo, el pasado viernes, Arafat no quiso utilizar su potestad legal en ese sentido. Otras 29 sentencias a muerte esperan su decisión.

'Afronta una gran presión popular, en especial a raíz de los asesinatos selectivos de dirigentes de la Intifada llevados a cabo por Israel con la ayuda de informantes palestinos', coinciden en señalar varias fuentes cercanas a la AP. No obstante, algunos miembros del Gobierno de Arafat se sienten incómodos con estos procedimientos y evitaron manifestarse ayer cuando fueron requeridos por esta informadora.

Makaui, de 28 años, fue declarado culpable el pasado jueves de facilitar a los servicios de seguridad israelíes informaciones que les permitieron acabar con la vida de su sobrino Yamal Abdel Razek, el 22 de noviembre último. Abdel Razek era un activista de Al Fatah al que los israelíes responsabilizaban de numerosos tiroteos en la franja de Gaza. En la operación contra él murieron otros tres miembros del partido gubernamental.

Beni Odeh, de 24 años, fue condenado el 7 de diciembre por colaborar en el asesinato, el 23 de noviembre, de su primo Ibrahim Beni Odeh, un artificiero de Hamás. Ibrahim murió al hacer explosión el coche que le había prestado su pariente, supuestamente manipulado a tal efecto por los servicios secretos de Israel. Ambos hombres reconocieron durante sus respectivos juicios haber ayudado a Israel, pero aseguraron no saber que los agentes a los que pasaban la información planeaban asesinar a sus familiares.

'Nos oponemos a la pena de muerte y pedimos que los acusados de colaborar con Israel sean juzgados por tribunales civiles, no por tribunales de excepción en los que no es posible recurrir la sentencia', manifestó a EL PAÍS Mohamed Abu Harthieh, director de la organización de defensa de los derechos humanos Al Haq. Al Haq no fue la única en emitir un comunicado de condena. También lo hicieron el Centro Palestino para los Derechos Humanos y el Grupo Palestino de Vigilancia de los Derechos Humanos, entre otros.

'Estamos en guerra', justificó por su parte Freih Abu Meddein, ministro palestino de Justicia. Abu Meddein hizo un llamamiento a que los chivatos se entreguen a las autoridades palestinas porque, advirtió, 'les llevaremos ante los tribunales de seguridad si ayudan a los militares israelíes a matar gente'.

El tribunal de seguridad de Belén pronunció ayer otras dos condenas a muerte. Mohamed el Jalil, de 28 años, y Hosam Homeid, de 18, fueron declarados culpables de facilitar a los servicios secretos israelíes datos que permitieron acabar con la vida de Husein Abayat. Este dirigente local de Al Fatah, cuyo coche fue alcanzado por un misil en las cercanías de Belén, el pasado 9 de noviembre, se convirtió en el primer objetivo de los escuadrones de la muerte israelíes. Desde entonces, al menos otros ocho palestinos han sido víctimas de asesinatos selectivos. Otros dos acusados en el caso fueron condenados a prisión a perpetuidad.

Al Haq ha denunciado el asesinato de colaboracionistas. 'Desde el inicio de la revuelta, ha habido dos o tres casos', aseguraba Abu Harthieh a esta informadora días atrás. 'Es un tema muy delicado y crea división de opiniones, pero nosotros consideramos que es inadmisible; ya no podemos decir, como en la anterior Intifada, que no tenemos tribunales', explicaba el director de Al Haq, antes de pedir que se castigue a los culpables en la jurisdicción civil.