De encefalopatías e incompetencias
Si, como sentencia el refrán inglés, cuanto más alto sube la mona, más y mejor se le ven las posaderas, es indudable que los españoles llevamos ya algún tiempo contemplando, entre atónitos y estupefactos, el trasero político de la ministra de Sanidad, la inefable Celia Villalobos, cuyo nombramiento no acredita precisamente la sindéresis de José María Aznar. Y no tanto por sus dislates óseo-culinarios, que también, sino sobre todo por su increíble habilidad para complicar una situación de por sí ya harto compleja al haber metido de lleno al gobierno central en una enfangada charca cuyos límites competenciales residen fundamentalmente en las comunidades autónomas, por lo que sin su incontinencia verbal y su abismal ignorancia, amén de su peculiar idiosincrasia retrechera y chulapona, podía perfectamente haber cumplido de forma discreta su papel de alta coordinación y de provisión de los necesarios medios materiales, eludiendo por lo menos el vórtice del huracán que la arrastra entre las merecidas críticas y las cuchufletas no menos pertinentes.
Para este gobierno tan demoscópico y auscultivo él, que no sólo se mueve a golpe de sondeo sino que ha hecho de la ignorancia de la realidad y de su sustitución por la percepción que de la misma puede tener la ciudadanía todo un arte, ha debido ser un gran golpe encajar la opinión pública sobre este asunto de las llamadas 'vacas locas'. En la encuesta electrónica realizada por este diario entre sus lectores los resultados de casi tres mil respuestas no pueden ser más demoledores: un 48% señala como culpable de la situación al Gobierno frente a un sorprendentemente bajo 18 % que apunta hacia los ganaderos, algunos -o muchos- de los cuales son los directos responsables de haber alterado la cadena trófica transformando inocuos rumiantes en carnívoros potencialmente patógenos. Parece que nos encontramos ante una variante más del piove, porco governo, aunque es dudoso que sin el efecto 'caldo', sin la dialéctica Cañete-Villalobos y, sobre todo, sin los burdos manejos informativos gubernamentales la percepción fuese la misma. Un abrumador 92% indica, por otra parte, que se considera poco informado al respecto. En términos de la teoría de la elección pública se considera que el votante incurre en 'ignorancia racional' cuando el coste de adquirir la información necesaria es superior a los beneficios que se supone pueden derivarse de la misma. No debería ser éste el caso cuando nos jugamos tanto en el envite, aunque lo cierto es que las informaciones disponibles no predisponen al sosiego.
Los datos indican que en España se producen anualmente 70.000 toneladas entre vacas muertas en las explotaciones y las partes del vacuno consideradas como materiales específicos de riego. Para incinerar adecuadamente estos residuos sólo existen en España cinco plantas, una en Galicia, otras dos en Castilla-León y Cataluña y las dos restantes en la Comunidad Valenciana, lo que obliga por fuerza a un voluminoso transporte, que puede comportar riesgos añadidos. Pero resulta además que en este país, donde según las fuentes gubernamentales nunca se iban a producir casos como en los países vecinos porque aquí no se suministraba harinas cárnicas a los animales, se obtienen al año 420.000 toneladas de harinas animales, procedentes de otros residuos vacunos, porcinos, ovinos y aves. Cantidad que va a ser incinerada en cementeras, previo pago de 12 pesetas por kilo tratado, y cuyas cenizas se incorporaran al producto final, al cemento. Surge la primera duda más que razonable: si hasta ahora no había coste de eliminación de estos residuos, reciclados en harinas, es lógico interrogarse acerca de qué va a pasar en el futuro ahora que éstas están prohibidas y quien va a acabar pagando este nuevo coste, si es que se mantiene el sistema actual -y yo no veo otra posibilidad fuera de los enterramientos clandestinos- de seguir utilizando las 50 plantas transformadoras de despojos que existen, para luego quemar en las cementeras las harinas resultantes que hasta ahora se vendían como piensos ¿Puede incorporarse este sobrecoste al precio de un producto cuya demanda ha caído en picado sin presionarla aún más a la baja? ¿Vamos por contra todos -incluidos los vegetarianos- a asumir permanentemente, vía presupuestos, esta especie de gravamen pecuario?.
Al margen de su peligrosidad resulta indiscutible que el auge de la ganadería intensiva ha estado ligado al aporte proteínico que suponían las harinas cárnicas ¿Cómo va a suplirse su carencia? ¿Resulta viable la estabulación sin ellas, teniendo en cuenta no sólo sus baratas proteínas, sustitutas de la carísima soja, sino que al parecer aceleraban notablemente el desarrollo de las reses, acortando su ciclo de crianza?
En cuanto al imprescindible control, que nuestra consejera de Agricultura Ramón Llin sólo nos garantiza, faltaría más, para las carnes valencianas ¿Es cierto que los tests priónicos disponibles, tanto el suizo Prionics como el franco-estadounidense Biorard, pueden dar falsos negativos puesto que sólo detectan al agente patógeno cuando se encuentra alojado en el sistema nervioso central? ¿Va seguirse permitiendo que mediante una simple declaración del ganadero el albéitar de turno firme el certificado correspondiente, cuando la enfermedad, fuera de casos extremos con síntomas visualizables, no puede detectarse más que mediante análisis post mortem? Y, hablando de análisis, el Laboratorio Nacional de Referencia sobre Encefalopatías, sito en Zaragoza, ¿tiene capacidad suficiente para la demanda de toda España? ¿Es cierto asimismo que hace ya años que se han descrito casos de encefalopatía espongiforme en los corderos aunque no parecen ser vectores de transmisión al hombre?
Éstas y muchas otras preguntas exigen respuestas claras y precisas y es una responsabilidad ineludible del Gobierno practicar una política informativa con total transparencia y sin otros intereses ni límites que la salud pública y la tranquilidad ciudadana. Del Gobierno depende fijar los límites entre la alerta y el miedo o, a estas alturas ya, entre éste y el pánico generalizado. Claro que mientras tenga entre sus filas a la Villalobos este Gobierno goza de poco margen de maniobra al respecto.
Segundo Bru es catedrático de Economía Política y senador socialista por Valencia.
