La fusión Endesa e Iberdrola permitirá al Gobierno cambiar la regulación del sector

Las condiciones que ha propuestao el TDC para la fusión de Endesa e Iberdrola no impedirán que estas empresas continúen el proceso, según fuentes cercanas a la operación. Entre esos requisitos a los que se condiciona la fusión se encuentra la reducción de su presencia en generación al límite marcado por el tamaño actual de Endesa; la disminución en distribución por debajo del 50%, frente al 62% que pretenden conservar las fusionadas; y añadir al recorte en comercialización del 50% la exigencia de mayores restricciones para las zonas donde tengan mayor influencia.

Y es que el Ejecutivo aprovechará la fusión para aumentar la desregulación del sector y adoptar medidas que afecten por igual a todos los operadores, tal como han exigido las dos compañías involucradas en la operación.

Este cambio irá en la línea de la reforma que acometió el pasado mes de junio, cuando trasladó parte de la doctrina que le sirvió para denegar la autorización de la fusión de Unión Fenosa e Hidrocantábrico a las medidas urgentes de liberalización del sector eléctrico, y que se basó fundamentalmente en las exigencias contenidas en el dictamen desfavorable del TDC.

De esta manera, el Ejecutivo cumpliría con las condiciones que ha impuesto el TDC para Endesa e Iberdrola, y se aseguraría la aceptación de éstas que ya han hecho llegar mensajes a la Administración en el sentido de que aceptarán esa reducción adicional en el sector eléctrico siempre que se apliquen la mismas condiciones en otros mercados afines como el del gas. Entre los cambios que se barajan se encuentra la prohibición de intercambios accionariales entre empresas de gas y electricidad, o adelantar el calendario de liberalización.

En ese contexto, y como contrapartida, Endesa puede poner encima de la mesa que se modifiquen algunas características de su estatus de antigua empresa pública como la ampliación desde el 5% al 10% del porcentaje del capital a partir del cual debe pedir autorización al Gobierno para su venta, por el mecanismo de la acción de oro, según fuentes cercanas a la operación.

Asimismo, las empresas fusionadas se garantizan la confidencialidad del plazo que les dará el Gobierno para el proceso de desinversión. Esa garantía impedirá a los interesados en adquirir los activos apurar hasta el final del periodo y, consecuentemente, poner en una posición negociadora difícil a las fusionadas, que no ingresarían los fondos hasta el final del proceso e, incluso, verían disminuido su valor, como sucedió en el caso de Repsol con YPF, al que el Gobierno argentino le dio un plazo de un año y medio, que hizo público.

Bajo esa cláusula, las empresas se muestran más receptivas a que se acorte el plazo de venta, incluso por debajo de los dos años y que se aumente el número de activos, tal y como propone el dictamen.

Las empresas protagonistas de la fusión se muestran también flexibles a la hora de aceptar cualquier condición que les imponga el Ejecutivo en la sociedad que se creará expresamente para gestionar los activos en el periodo transitorio. No obstante, ni Endesa ni Iberdrola están dispuestas a aceptar que la venta de activos sea tutelada desde fuera. En este sentido, ya han rechazado en sus alegaciones la subasta, propuesta por Repsol, y la venta a un precio fijado por la Administración, alternativa que defiende Fenosa.