Los auditores critican que la universidades ignoren la subasta como forma de adjudicación

El Tribunal de Cuentas no ve claros los números de las seis universidades públicas de Madrid. En su informe fiscalizador de las cuentas de 1998 de la Comunidad y de sus organismos y entes autónomos destaca que las universidades no utilizan 'la subasta como procedimiento ordinario de adjudicación de las obras', lo que permitiría 'obtener mayores bajas' y garantizaría 'la adecuada calidad de la ejecución'.

El Tribunal de Cuentas ha descubierto que numerosos contratos efectuados podían haberse logrado a precios sensiblemente inferiores (Complutense), se adjudicaron obras a empresas que no reunían los requisitos exigidos (Rey Juan Carlos), hubo sociedades que se presentaron al concurso antes de que hubiera sido convocado (Autónoma) o se ha duplicado la deuda con el Ministerio de Hacienda en los últimos tres años (Alcalá).

El diputado de IU Franco González habla ya de 'escándalo económico'. 'Es una vergüenza que, año tras año, el Tribunal de Cuentas saque los colores a la Comunidad con las cuentas de sus universidades. Existe un despilfarro intolerable y los hechos resultan gravísimos'. González exigirá la comparecencia en la Asamblea de los responsables de Educación 'para que expliquen estos hechos intolerables'.

Por el contrario, el informe del Tribunal de Cuentas apenas encuentra deficiencias en la gestión de las consejerías. Sólo propone algunas mejoras en los sistemas de contabilidad. El viceconsejero de Hacienda, Juan Bravo, manifestó ayer que el informe fiscalizador demuestra la 'excelente' gestión del Gobierno. De las deficiencias halladas en las universidades no habló. 'Tienen autonomía de gestión y las cuentas las rinden directamente ellas', dijo.

El Tribunal de Cuentas realiza en su informe un relato pormenorizado de las deficiencias encontradas en las seis universidades públicas de Madrid. Éstas son las más destacadas.

- Universidad de Alcalá. Cuando la Comunidad se hizo cargo de sus competencias universitarias (1 junio de 1995), la Universidad de Alcalá mantenía una deuda de 987 millones con Hacienda por retenciones del IRPF no ingresadas, que fueron asumidas por el Estado. Pero en vez de aprender la lección, el centro continuó llevando a cabo estas prácticas. Tres años después, la deuda ascendía ya a 1.878 millones.

En 1998, la universidad pidió créditos por 1.638 millones para financiar gastos corrientes e inversiones. Pero, según el Tribunal, faltaba 'la autorización de la Comunidad'. Cuando el auditor público pidió a la universidad el documento, ésta le envío 'otro de análoga finalidad, pero que ya fue aplicado en el presupuesto de 1997'.

Esta universidad adjudicó por 532 millones la construcción de la primera fase de un edificio del departamento politécnico. Lo hizo mediante 'procedimiento negociado sin publicidad ni concurrencia', ya que consideró las obras ampliación de otro contrato. Pero esta adjudicación se realizó nueve meses después de haberse recibido las obras del contrato principal y estar, por tanto, finalizadas.

- Autónoma. Esta universidad tiene 12 cuentas bancarias cuyos saldos no coinciden con lo registrado en sus libros. El Tribunal de Cuentas estima una diferencia de 84 millones.

Uno de los casos más llamativos que refleja el informe fue la contratación de una colección de revistas científicas extranjeras para la hemeroteca. Según los auditores, la Autónoma estaba obligada, antes de adjudicar el contrato, a justificar su necesidad. Pero no lo hizo, sino que convocó un concurso por 50 millones. Pero quedó desierto, porque los 'precios de todas las ofertas superaban el citado presupuesto'.

Los responsables universitarios aumentaron entonces la adjudicación a 60 millones y declararon la compra de urgencia. Pero no convocaron esta vez un concurso, sino un procedimiento negociado (cada empresa presenta su oferta en un sobre cerrado). En un diario de tirada nacional se publicó el procedimiento, pero sólo dos días antes de que se abrieran los sobres. El Tribunal de Cuentas se sorprende por estos hechos, sobre todo porque las ofertas se presentaron antes de que se publicase en la prensa. 'Alteraciones cronológicas', dicen los auditores públicos, sobre las que 'no consta justificación'.

A pesar de que la contratación era de urgencia, las revistas llegaron tres meses tarde.

Se urbanizaron también los accesos a la Escuela de Informática por 318 millones. Pero poco después, se modificó el contrato al alza en 62 millones. Este cambio incluía construir una nueva calle, cambiar la calidad del firme y el enterramiento de las líneas de alta tensión. El Tribunal se pregunta cómo es posible que todo esto no se incluyese en el proyecto inicial, teniendo en cuenta que la calle 'resultaba imprescindible' en un proyecto denominado Urbanización de los accesos de la Escuela Técnica de Informática .

- Carlos III. La obra de la plaza del campus de Leganés fue adjudicada por 318 millones, pero los auditores desconocen el 'informe técnico que valoraba las ofertas'. Además, a las empresas que se presentaron al concurso de un pabellón en Leganés (3.086 millones), la urbanización de su plaza central (318) y de un edificio de Colmenarejo (877) se les dio tres puntos si tenían 'referencias positivas', uno por no tener referencias y cero por tenerlas negativas. 'Criterio', dice el informe, 'de difícil valoración objetiva'.

- Complutense. 'En 1997, formalizó en el presupuesto gastos por 20.706 millones que habían sido pagados en 1996 y que no estuvieron sujetos a disciplina presupuestaria. La práctica irregular de adquirir, e incluso pagar, obligaciones sin aplicarlas al correspondiente presupuesto, ha vuelto a producirse en 1998'. Ese mismo año, la Complutense adjudicó la ampliación de la Facultad de Farmacia (766 millones). Pero las obras se suspendieron por carecer de licencia.

- Politécnica. En la reforma de la Escuela de Ingenería Técnica Topográfica (82 millones) sólo se solicitó una oferta, 'y no el mínimo de tres', como dice la ley. Se le adjudicó directamente a Telefónica un contrato de 103 millones para instalar una red de datos en base a un 'convenio'. Según el informe, estos hechos suponen una 'infracción generalizada de la normativa'.

- Rey Juan Carlos. En las obras de un edificio de Móstoles (751 millones) se le otorgaron 32 puntos sobre 40 a una empresa que no había ofertado ninguna baja, 'por lo que no debería habérsele otorgado puntuación'. Lo que 'fue determinante para que resultara adjudicataria, pues obtuvo 79 puntos, cuando debería haber logrado 47, con lo que habría pasado a ser la empresa con menor puntuación'.