Los jueces afirman que las órdenes de alejamiento se vulneran porque no existe un control policial

Mercedes López, oficial del Servicio de Atención a las Víctimas de delitos violentos (SAV) de los juzgados de la plaza de Castilla, también coincide con los jueces en que las órdenes de alejamiento se incumplen. Por su departamento -que el año pasado tramitó 140 expedientes por delitos de este tipo- han desfilado mujeres quejándose de la ineficacia de dichas medidas. 'El juez prohibió a mi ex marido que se acercase a casa, pero él viene cuando quiere', recuerda que se lamentaba una de ellas.

El alejamiento inmediato del domicilio familiar, sin esperar a que se produzca la sentencia, y el endurecimiento de las penas para los reincidentes forman parte de la medidas introducidas en la Ley Orgánica 14/1999 de 9 de junio, que modificó algunos apartados del Código Penal de 1995.

Con los actuales medios, la eficacia del alejamiento -también llamado extrañamiento en la terminología jurídica- siembra dudas incluso entre los jueces. 'Al no existir ningún control ni seguimiento de esta medida cautelar, porque ni hay ni puede haber un policía detrás de cada agresor, nadie sabe ni la hora que es', destaca un magistrado.

El parco número de resoluciones de este tipo dictadas por los jueces de la capital desde que entró en vigor esta norma se debe a que, en general, los magistrados son reticentes a utilizar este mecanismo legal a partir de una mera denuncia. 'Es una temeridad alejar a un cónyuge de su domicilio basándose sólo en el contenido de una denuncia', afirma el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Madrid, Carlos Martín. Y lo razona: 'A veces se producen resoluciones incompatibles sobre un mismo asunto. Por ejemplo, nosotros, basándonos en la denuncia de la víctima, alejamos al supuesto agresor de su domicilio. Y luego resulta que el juez de familia concede la custodia y el uso del domicilio al alejado. Obviamente, nos obliga a revocar ese auto, porque el juez de familia toma su decisión tras haber oído a todas las partes y tener una idea más real del conflicto'.

Redactar estos autos (que limitan la estancia del supuesto agresor en un perímetro en torno al domicilio) también resulta complejo, señala otro magistrado: 'Algunos afectados trabajan muy cerca de sus casas, y no es cuestión de impedirles ir al trabajo, que, por otro lado, en muchos casos suele ser el sustento familiar'.

Ineficacia

Mercedes López admite que por el SAV han pasado algunas mujeres quejándose de la ineficacia del auto judicial. 'Saben que no hay un seguimiento policial de la medida y que nos les pasará nada, por eso [los agresores] incumplen la prohibición judicial'.

En la memoria de actividades del año 2000 del SAV, creado hace algo más un año, el juez decano de Madrid, Fernando Fernández, reclama 'más medios' y 'mayor coordinación' entre los sectores policiales y judiciales para controlar y actuar contra los casos de violencia doméstica: 'Es necesario establecer un protocolo de intervención entre todos los departamentos implicados -policía, hospitales, ayuntamientos, Instituto de la Mujer- que redunde en una mejor calidad de este servicio', señala Fernández.

El SAV dispone en los juzgados de la plaza de Castilla de un psicólogo, un trabajador social y un oficial administrativo. Su cometido es acompañar a las víctimas en los juicios, proporcionarles un abogado para que redacten las denuncias, tratarlas psicológicamente si es preciso e informarles sobre las indemnizaciones que establece el Gobierno para las víctimas de delitos cuyos autores son insolventes o desconocidos.

En su primer año de funcionamiento, aparte de asesorar por teléfono a más de 500 víctimas, el SAV ha abierto 140 expedientes a personas que acudieron a este servicio enviadas por los jueces, tras interrogarlas, o por conocidos. De los 140 expedientes, 25 eran de inmigrantes, la mayoría mujeres marroquíes y ecuatorianas. La violencia doméstica es el delito más denunciado (el 70% de los 140 expedientes, es decir, 98 casos), seguido de las agresiones sexuales (15 casos).

El juez decano elogia la labor de este departamento y quiere que los madrileños lo conozcan mejor. 'Pese a no contar con suficiente espacio físico para atender a las víctimas -especialmente a los menores que sufren abusos sexuales- y garantizar un mínimo de intimidad, el SAV está desarrollando un programa de atención psicológica a las víctimas con estrés postraumático y otro de terapia grupal para víctimas de ataques sexuales', explica Fernández.