El 90% de los agresores conyugales incumple la orden judicial de que se alejen de sus casas
El juez decano pide más medios y 'mayor coordinación' con la policía
Los autos de alejamiento -los que prohíben a los cónyuges agresores acercarse al domicilio familiar- apenas se cumplen en Madrid. El 90% de los agresores los vulnera constantemente. Y, de momento, poco se puede hacer para paliar esta situación, ya que no existe un control ni un seguimiento policial de este tipo de medidas, según coinciden en señalar cinco de los 46 magistrados de instrucción (los que investigan delitos) de Madrid.
Estos autos, regulados por ley en junio de 1999, facultan a los jueces para, después de una simple denuncia de la víctima, ordenar inmediatamente al agresor que no se acerque al domicilio de su esposa o compañera sentimental. No obstante, los magistrados consultados coinciden en que la eficacia de esta medida es escasa. Primero, por su alto nivel de incumplimiento -'no se puede poner a un policía detrás de cada delincuente', dicen- y, segundo, porque, en ocasiones, adoptar una decisión así puede provocar una manifiesta indefensión para el supuesto agresor, dado que la única prueba inculpatoria es una denuncia.
Desde que entró en vigor esta medida, los jueces de Madrid sólo han dictado en torno a 150 autos. Temen sus efectos: a veces se han visto obligados a revocarlos tras tener conocimiento de que el juez de familia, con una visión más global del conflicto familiar, ha dictado otra totalmente opuesta.
Mercedes López, oficial del Servicio de Atención a las Víctimas (SAV) de los juzgados de la plaza de Castilla, admite que por su departamento han pasado algunas mujeres quejándose de la ineficacia de estos autos. 'Los agresores saben que no hay un seguimiento policial de la medida y que nos les pasará nada, por eso incumplen la prohibición judicial'.
En la memoria de actividades del año 2000 de este servicio, implantado hace algo más un año, el juez decano de Madrid, Fernando Fernández, reclama 'más medios' y 'mayor coordinación' entre los sectores policiales y judiciales para controlar y actuar con mayor vigor en estos casos.
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