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LA SITUACIÓN EN EL PAÍS VASCO

El Gobierno vasco replica que Euskadi no está sobrefinanciada

Luis R. Aizpeolea

La pretensión del Gobierno central de revisar la principal ley de la autonomía vasca, la del Concierto Económico, al caducar tras 20 años de funcionamiento, y de aumentar el Cupo -la contribución vasca al Estado por los servicios no traspasados- originó ayer una dura réplica de la vicelehandakari, Idoia Zenarruzabeitia.

La vicepresidencia admite, como decía la víspera el secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, que 'la situación económica y tributaria del País Vasco ha cambiado desde que en 1980 se aprobó la Ley del Concierto' y que eso 'requiere una revisión del sistema'. Pero, al contrario de lo que señala el Gobierno central, cree que una revisión de los índices económicos de Euskadi empujarán a disminuir el porcentaje de la contribución vasca al Estado, situado desde 1980 en un 6,24%.

Impuestos especiales

Este debate se reabrió en 1997 cuando el Gobierno del PP traspasó al Ejecutivo vasco los impuestos especiales y la capacidad normativa sobre el Impuesto sobre la Renta de las Perosnas Físicas (IRPF). Pero, según recuerda la vicepresidencia, la discusión se aparcó debido a su complejidad.

Desde la cesión de los impuestos especiales, el Cupo, que era negativo, cambió de signo, señala la vicelehendakaritza. Al año siguiente, la contribución vasca ascendió a 130.000 millones de pesetas y en 2000 a 150.000 millones, según datos del Gobierno vasco. También señala que la presión fiscal en Euskadi es superior a la del resto de España y que el Gobierno vasco, con la aplicación del Concierto, asume un riesgo unilateral: no cuenta con el colchón de la subvención del Estado, como otras autonomías, si fracasa en la recaudación.

El Gobierno de Juan José Ibarretxe acepta el reto de la revisión del modelo del Concierto, con motivo de su caducidad este año, y señala que debe tener en cuenta que en estas dos décadas la Unión Europea ha asumido numerosas competencias en materia fiscal. En consecuencia, la vicelehendakaritza estima que debe arbitrarse un sistema de participación de la comunidad vasca ante las instituciones europeas en estas cuestiones que afectan a una competencia exclusiva.

Admite, como señalaba el secretario de Estado de Organización Territorial, que en estos 20 años no ha funcionado la alta inspección del Estado. Pero, según la vicelehendakaritza, ha 'pasado algo peor': se ha judicializado el desarrollo autonómico. 'Desde 1988, los Gobiernos centrales del PSOE y del PP han recurrido ante los tribunales numerosas decisiones de las diputaciones forales y del propio Gobierno vasco, relacionadas con la aplicación del Concierto. El conflicto ha llegado hasta el Tribunal Europeo de Estrasburgo. E incluso se ha dado la paradoja de que los propios abogados del Estado han tenido que defender ante el tribunal europeo la legitimidad del Concierto Económico, que corría el riesgo de su anulación'.

La vicelehendakaritza recuerda que el 18 de enero de 2000 los Ejecutivos central y autonómico alcanzaron la paz fiscal, con la retirada de los contenciosos pendientes ante los tribunales. Y acusa al Gobierno central de 'haber incumplido' el pacto: 'No se ha constituido la comisión de evaluación normativa, nombrada para dirimir los conflictos antes de recurrir ante los tribunales'.

Decisiones unilaterales

Pero, sobre todo, critica al Ejecutivo central por la posterior adopción de decisiones unilaterales que afectan a la fiscalidad del ahorro -fondos de inversión- y a la fiscalidad de las personas -IRPF-, tras los decretos ley sobre medidas liberalizadoras promulgados hace seis meses. Y recuerda cómo el PP de Vizcaya votó, en la Diputación foral, contra estas medidas del Gobierno central.

Zenarruzabeitia estima que el Gobierno del PP dio un giro desde que logró la mayoría absoluta tras las elecciones del pasado 12 de marzo. 'Antes de esa fecha respetaba el diálogo institucional y lo separaba del conflicto entre partidos sobre la paz en Euskadi. Por eso logramos la paz fiscal. Desde marzo pasado, decidió romper las relaciones institucionales con el Gobierno vasco'.

La vicepresidencia vasca cree ilustrativa la carta que el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, envió a Zenarruzabeitia, en julio, en la que reconocía que 'la actual situación política puede repercutir en la fluidez del diálogo'.

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