Desarticuladas dos redes dedicadas a prostituir mujeres inmigrantes

Los 20 detenidos en la Operación Muga captaban a mujeres de habla hispana bajo la promesa de proporcionarles un trabajo diferente al que finalmente eran destinadas, a cambio del pago de una deuda de 1.200.000 pesetas que a partir de ese instante contraían con los responsables de la red. Igualmente debían afrontar el pago de hipotecas y créditos suscritos previamente en su país de origen, condición previa impuesta por sus captores para asegurarse su obligación de someterse a la prostitución.

Las otras diez personas fueron arrestadas en Almería, en el transcurso de la Operación Turquesa, como presuntas autoras de delitos de prostitución, contra el derecho de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros y contra la Hacienda pública. En esta redada se precintaron cuatro de los establecimientos más importantes de la provincia. Los detenidos obligaban a prostituirse a mujeres procedentes de Suramérica y de países del este de Europa.

Durante los registros, la Guardia Civil pudo comprobar que las habitaciones que utilizaban las mujeres como alojamiento eran de reducidas dimensiones, carentes de ventilación, y cada una de ellas estaba ocupada por varias personas que dormían en literas y en condiciones de hacinamiento. Los recintos donde vivían contrastan con el lujo de las habitaciones donde eran obligadas a ejercer la prostitución.

Horarios abusivos

Los responsables de las redes promovían la inmigración clandestina de trabajadoras, abusando de su situación de necesidad y obligándolas a prostituirse en contra de su voluntad. Estas personas eran conminadas a hacer horarios abusivos, carecían de contratos de trabajo, no tenían el alta en la Seguridad Social, debían abonar alojamiento y comida y eran obligadas a suscribir unos peculiares contratos, con la intención de revestir de legalidad la situación, ante las habituales inspecciones de que eran objeto. La organización dedicaba los beneficios obtenidos al blanqueo de capitales mediante la creación de numerosas sociedades instrumentales.

Dentro del plan puesto en marcha por la Guardia Civil en el mes de mayo de 2000 contra esta actividad ilegal, se han detectado 2.096 infracciones, de las que 1.512 corresponden a la Ley de Extranjería, 317 son administrativas sobre legislación estatal, 130 de la legislación autonómica y municipal y 129 a la Ley sobre Seguridad Ciudadana. El mayor número de actuaciones del instituto armado se registró en Almería (150), seguida de Barcelona (94), Cuenca (90) y Teruel (66).