Un diálogo con capucha

El desmantelamiento de 53 retenes en Chiapas, la liberación de 17 presos y la prudente evacuación este domingo de un campamento castrense invadido por cientos de zapatistas certifican el empeño del presidente mexicano, Vicente Fox, por una conclusión negociada del alzamiento indígena que ayer cumplió siete años. Dinámico y sorprendente el proceso, la revista Milenio publicó un informe castrense que acusa al jefe rebelde de haberse hecho 'inmensamente rico' en complicidad con la delincuencia que opera en los feudos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Pocas semanas antes de la investidura de Fox, un grupo de generales del Ejército en activo elaboró un plan estratégico, con una serie de recomendaciones, entre ellas el acuartelamiento de las tropas, el desplazamiento del EZLN como representante de las 53 etnias del Estado, el fomento de las deserciones, la investigación de todos los asesinatos y el desarme de todos los civiles a cambio de becerros, vacas o semillas. Los jefes militares aconsejan pedir al Papa y al Episcopado el alejamiento de los sacerdotes jesuitas y clérigos más comprometidos con el ex obispo de Chiapas Samuel Ruiz y una campaña contra el sacerdote de Palenque Jerónimo Hernández, presidente del Centro de Apoyo para la Defensa de los Derechos Indígenas, 'uno de los principales ideólogos del EZLN, y bisexual declarado'.

El objetivo sería 'quitarle arraigo y ascendencia moral sobre los indígenas, cuyos valores morales están altamente acentuados y se negarían a seguir a un homosexual como líder moral, y mucho menos a un sacerdote con esas inclinaciones'. El aspecto más polémico del informe, publicado en portada por el semanario, propone filtrar 'la real imagen del subcomandante Marcos, no la del guerrillero defensor de los derechos indígenas, sino la del transgresor de la ley que, escudándose en las demandas de éstos, se ha hecho inmensamente rico mediante las actividades ilícitas de la delincuencia organizada'. Los generales aseguran tener 'debidamente documentadas' esas acusaciones.

No parece, sin embargo, que el Gobierno vaya a secundar ese tipo de maniobras para pacificar a la guerrilla de mando criollo que el primero de enero de 1994 se alzó en armas y razones sorprendiendo a México, al mundo y a los turistas que aquel día disfrutaban de las bellezas coloniales de San Cristóbal de las Casas.

Las justicieras proclamas de aquellas fechas en el empobrecido Estado sureño prometían un avance hacia Ciudad de México, más de 1.000 kilómetros al norte, 'venciendo al Ejército federal mexicano, protegiendo en su avance liberador a la población civil y permitiendo a los pueblos liberados elegir, libre y democráticamente, a sus propias autoridades'.

Doce días duró aquella guerra. El EZLN fue arrinconado en la selva Lacandona, y allí permanece, todavía insurrecto, impidiendo la normalización política de un país gobernado desde hace un mes por un empresario, Vicente Fox, que ha hecho de la negociación una de sus prioridades. Evitando cualquier choque susceptible de malograr las concesiones efectuadas desde su investidura, Fox ordenó al Ejército que levantase el domingo el campamento castrense ocupado en el municipio de San Andrés Larráinzar por cientos de hombres, mujeres y niños, la mayoría encapuchados, y simpatizantes extranjeros. Tras la lectura de un comunicado, los manifestantes se retiraron.

Diversas han sido las iniciativas ejecutadas para conseguir la reanudación del diálogo suspendido en 1996 por el EZLN en exigencia del cumplimiento de los acuerdos de San Andrés sobre derechos y culturas indígenas, firmados meses antes por el Gobierno y los rebeldes. Las modificaciones oficiales al proyecto de ley que tradujo el contenido de los acuerdos, cuya aprobación establecería cambios constitucionales que afectarían a 10 millones de mexicanos, el 10% de la población total de México, condujeron a la ruptura. El Ejecutivo de Ernesto Zedillo (1994-diciembre de 2000) temió que las enmiendas promovieran reclamaciones independentistas o enfrentamientos civiles por la propiedad de las tierras. Sin compartir estos temores, y dos días después de su toma de posesión, Fox envío al Congreso el proyecto de ley tal como fue redactado en su día por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), integrada por delegados de los principales partidos mexicanos con representación parlamentaria.

Las negociaciones serán complejas y largas, cuando no sujetas a interrupciones, puesto que el proyecto de ley de la Cocopa es rechazado por sectores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que el 2 de julio pasado perdió la presidencia después de retenerla durante 71 años, y del nuevo partido gobernante, el conservador Partido de Acción Nacional (PAN), al que pertenece Fox. 'Que se quite la capucha para negociar', pidió Diego Fernández de Cevalles, el 'jefe Diego', coordinador panista en el Senado, en referencia al subcomandante Marcos, que anunció su viaje a Ciudad de México, en febrero, y con capucha, para apoyar la aprobación sin retoques del determinante proyecto de ley.