Justicia frustrada

La Audiencia Nacional ha podido juzgar y condenar a un integrante de la lucha callejera en el País Vasco, pero no ejecutar la condena de 16 años de prisión que le ha impuesto. Tras la celebración del juicio, el pasado día 15, el acusado decidió esperar el fallo escondido en Francia, sin que nadie se preocupara de impedírselo ante la posibilidad de una sentencia condenatoria. No es la primera vez que la justicia queda defraudada en un caso relacionado con el terrorismo, frustrando con ello a los ciudadanos.El delito -incendiar en plena noche una sucursal bancaria con riesgo de quemar de paso a los vecinos del inmueble- es considerado como un acto de terrorismo por el actual Código Penal de 1995 y el condenado lo cometió cuando tenía 26 años, en compañía de otros tres encapuchados. Pero más grave que el delito lo es en este caso la burla que se hace a la justicia y el ridículo en que quedan los órganos de seguridad del Estado. Además, no tiene fácil explicación que estas cosas sucedan al tiempo que se endurecen las leyes contra el terrorismo y crece al rechazo social a ETA.

Si con la ley en la mano no pudo decretarse prisión preventiva contra el luego fugado, sí se podía y se debía haber adoptado alguna medida de seguridad que evitara su fuga mientras el tribunal decidía el fallo. No es la primera vez que algo así sucede, quedando la penosa sensación de que en algún ámbito del Estado -judicial o policial- las cosas no se han hecho bien. Y por eso resulta más lamentable que vuelva a suceder.