En busca de la identidad

Lo único que Mari Carmen Martínez recuerda de su primer hijo es un parto doloroso. Hace ya 27 años que dio a luz, pero nunca pudo conocer al bebé, puesto que nada más nacer, el padre de Mari Carmen dio el niño en adopción. "Quedé embarazada siendo soltera y con 16 años. Aquello era intolerable para la época", explica sin ánimo de exculpar a su padre. Su lucha para saber quién es su hijo no ha cesado en los últimos 27 años, aunque tiene muy claro que sólo quiere "saber quién es" y que los adoptantes "siempre serán sus padres".El caso de esta barcelonesa es uno del millar largo que constan en los archivos de la Asociación Derecho a Saber, una entidad nacida en 1996 con la finalidad de orientar y acompañar a personas que buscan su identidad o que quieren encontrar a hijos de los que fueron separados de forma involuntaria. Muchas de las personas que acuden a esta organización son las que fueron arrebatadas a sus padres durante la guerra civil: hijos de exiliados, de madres menores de edad o, simplemente, los que fueron considerados "bastardos".

Pero hay casos más recientes. El de Mari Carmen Martínez es uno de ellos y ocurrió a principios de la década de los setenta. "Yo no quería dar a mi hijo en adopción, pero cuando desperté del parto ya estaba todo hecho", cuenta esta mujer, quien, por lo demás,no está segura de si tuvo un niño o una niña. "En la partida de nacimiento consta que era un niño, pero a menudo se falsificaba el sexo del recién nacido para que se le perdiera el rastro". El periplo de esta mujer para encontrar a su hijo siempre ha acabado en disgusto: los antiguos responsables del hospital en el que dio a luz, el desaparecido San Cosme y San Damián de Barcelona, nunca le desvelaron qué pasó con su hijo. Tampoco sacó nada en claro de la residencia para madres solteras en la que sus padres la internaron. "Parece que a mi hijo se lo tragó la tierra, pero nunca abandonaré la búsqueda".

Para echar una mano a las personas que se encuentran en una situación como Carmen, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) ha presentado ante la mesa del Parlamento catalán una propuesta no de ley para crear una oficina de ayuda a las personas que buscan su identidad original o que tuvieron que desprenderse de un hijo sin su consentimiento. Esta oficina tiene como misión ayudar a estas personas a moverse por el entramado burocrático de los archivos hospitalarios, las fundaciones benéficas dedicadas a la adopción de niños y las administraciones. Una iniciativa similar a la que se debatirá en el Parlamento de Cataluña fue aprobada en el mes de mayo pasado por las Cortes valencianas y en febrero de 2000 por el Parlamento Foral de Navarra.

"El principal problema que tenemos es que se nos impide acceder a los archivos de hospitales y de la propia Administración", asegura la presidenta de la Asociación Derecho a Saber en Cataluña, Concha Corrochano. En su caso, ha pasado media vida intentando encontrar a un hermano que su madre dio a una amiga pocos días después de nacer, en 1948. "Mi madre siempre negó que lo hubiera tenido, pero en la familia todos lo sabían", asegura. Su lucha para localizarlo acabó dando resultados. Lo encontró en Valencia y, al hacerse la prueba del ADN, los expertos concluyeron que eran hermanos con una probabilidad "de más del 99%". Sin embargo, Corrochano quiere que el vínculo familiar con su hermano sea reconocido jurídicamente, cosa que aún no ha conseguido porque el juez no acepta la prueba del ADN.

La diputada del grupo socialista en el Parlamento catalán Marina Geli considera que la oficina para ayudar a las personas tiene que constituirse, pero con precauciones. Esta parlamentaria advierte de los riesgos que entraña la búsqueda de un familiar sin conocer la voluntad de éste. "La oficina no tiene que servir para que alguien descubra la identidad de alguien que quiere permanecer en el anonimato", sino para casos en los que hubo una separación involuntaria entre el hijo y los padres. Pero también pone otra limitación: "Hay que centrar el trabajo en los casos que ocurrieron durante la guerra civil o el franquismo, cuando no había garantías suficientes sobre la legalidad de las adopciones".