La oposición denuncia la regularización de inmigrantes por "discriminatoria y chapucera"

La oposición ha reaccionado con fuertes críticas ante la noticia de que la Administración ha discriminado en función de su lugar de residencia a los inmigrantes que intentaron legalizar su situación en los últimos meses. El proceso de regularización, que el Gobierno acaba de dar por concluido, ha merecido calificativos como "discriminatorio y tercermundista" (PSOE), "chapuza" (IU), "dislate completo" (PNV) y "producto de la improvisación" (CC). Todos estos grupos parlamentarios, además del de CiU, han anunciado iniciativas parlamentarias para que el Ejecutivo explique lo ocurrido.

Las estadísticas del proceso de regularización presentadas la semana pasada por el secretario de Estado responsable de Inmigración, Enrique Fernández Miranda, muestran contrastes llamativos. Los porcentajes de solicitudes rechazadas basculan entre el 70,9% en Barcelona y el 1,8% en Asturias. Incluso entre provincias cercanas, como Barcelona y Girona, la diferencia es notable: el 53,1%.Las ONG estaban al tanto de estas diferencias, hasta el punto de que varias de ellas admitieron el viernes a EL PAÍS haber trasladado las solicitudes de inmigrantes que habían sido rechazados en una provincia a otra distinta, en donde resultaron admitidos.

Lo que no se sabía es que esas mismas organizaciones alertaron a las autoridades de lo que estaba sucediendo y que su llamada de atención fue desoída. María del Mar Julios, diputada de Coalición Canaria, grupo que apoyó la reforma del Gobierno, ha revelado a EL PAÍS que la diferencia de criterios aplicados entre las distintas provincias fue denunciada por varias ONG en la subcomisión de Inmigración del Congreso: "Pero la expresaron sin datos, porque no los tenían. Además, como Fernández Miranda no estuvo presente durante sus intervenciones no se produjo ningún careo".

La diputada Julios declaró: "Entiendo que el perfil de los inmigrantes no sea el mismo en Las Palmas (39,3% de rechazados) que en Barcelona (70,9%). Pero no pueden ser tan diferentes en provincias cercanas como Barcelona y Girona (17,8%). Estos resultados muestran de forma obvia que se han aplicado criterios diferentes en la selección y ponen de manifiesto la improvisación con la que la Administración ha abordado el fenómeno de la inmigración".

La diferencia de rasero para con los extranjeros le parece "intolerable" a Consuelo Rumí, responsable de Inmigración del grupo parlamentario socialista, que hasta el último momento ha abogado por un gran pacto de Estado sobre esta cuestión: "Estamos hablando de un Estado de derecho, en el que no pueden permitirse los agravios comparativos", subraya.

Rumí opina, al igual que su colega de Coalición Canaria, que lo ocurrido es resultado de la falta de coordinación y de la ausencia de criterios firmes de evaluación en el seno de la Administración. "La voz del Gobierno debe ser la misma en todas las provincias", declara. "Por muy amplia que sea la interpretación de sus criterios no puede tener consecuencias tan importantes". La disculpa de que los ordenadores de las distintas delegaciones y subdelegaciones del Gobierno no estaban conectados le parece "tercermundista".

Margarita Uría, del grupo parlamentario vasco, que rechazó el texto del Gobierno en el Parlamento, también se declara "escandalizada" por lo ocurrido: "El PP simplemente intenta quitarse un problema de encima, y no tiene en cuenta que está jugando con la vida de muchas personas", dice. Y advierte: "Estamos pensando en aprovechar las competencias que tiene nuestra comunidad autónoma para elaborar nuestro propio plan Greco (nombre con el que se conoce el Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración), con interpretaciones más generosas para los extranjeros".

Ante lo que consideran una evidente discriminación de los inmigrantes por su lugar de residencia, los grupos políticos de oposición anuncian que pedirán explicaciones al Gobierno. El PNV, CiU y CC solicitarán la comparecencia de Fernández Miranda en el Congreso. El PSOE presentará, además, una pregunta parlamentaria sobre este asunto concreto. Y el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, pedirá una revisión del proceso de regularización: "Esta primera tanda de revisiones es una chapuza que no tiene ninguna credibilidad y está basada en la prisa y en la arbitrariedad. Vamos a solicitar de inmediato su revisión", declaró a Efe.

La idea de impugnar el proceso de regularización ronda también por los demás partidos políticos. Margarita Uría (PNV) ha recordado que las ONG que han tramitado las solicitudes de los inmigrantes pueden plantear un contencioso a todo el proceso: "Éste es un caso de libro. Hasta un alumno de primero de Derecho Administrativo sabe que puede litigar", afirma. Una opinión similar mantiene Consuelo Rumí (PSOE): "Existen resquicios legales para que las personas afectadas y las organizaciones que han llevado su caso puedan impugnar el proceso". Tanto el PNV como IU invitan al defensor del Pueblo, Enrique Múgica, a tomar cartas en el asunto.

María del Mar Julios (CC) aún mantiene la esperanza de hacer entrar en razón al Gobierno: "Las propias delegaciones del Gobierno deberían estar ahora mismo evaluando lo ocurrido para detectar las irregularidades que se han cometido. Con independencia de los recursos individuales o de las ONG que puedan presentarse en los próximos días, debe haber una reacción por parte de la Administración. El Gobierno", añade, "debe recapacitar y asumir un papel protagonista a la hora de aclarar este asunto".