Detectadas irregularidades en un organismo europeo con sede en Madrid

La Comisión Europea reclama 4,4 millones de euros (731 millones de pesetas) al Instituto para las Relaciones Europa-América Latina (IRELA), con sede en Madrid y fundado en 1985 bajo iniciativa de España y Alemania. El centro de estudios y análisis que ha servido de puente en las relaciones euro-latinoamericanas se halla desde hace meses al borde de la desaparición.

Colchón financiero

Una auditoría encargada por el Ejecutivo comunitario a dos expertos independientes españoles observa "situaciones inusuales de gestión, que en muchos casos podrían considerarse irregularidades", durante el periodo comprendido entre 1994 y 1998. IRELA tiene estatuto de sociedad privada, con un consejo de administración del que forman parte algunos eurodiputados, pero está subvencionado exclusivamente por Bruselas.El informe concluye que la Comisión debe recuperar 3,6 millones de euros por exceso de gastos en proyectos y 771.740 euros en subvenciones durante cuatro años. De esta cantidad, el centro ha devuelto un millón, pero es prácticamente inviable que satisfaga el resto ante la situación de insolvencia que soporta. La plantilla se ha reducido desde el pasado julio a sólo una docena de personas, que no perciben sueldo desde hace casi un año, una vez que la Comisión decidió bloquear nuevas ayudas en el presupuesto del año 2000.

El actual director en funciones, Andrew Crawley, que reemplazó en julio pasado a su fundador, Wolf Grabendorff, ha pedido la comprensión del Colegio de comisarios ante la gravedad laboral y que afronte al menos el pago de nóminas para evitar que el caso acabe en la magistratura de trabajo. Los auditores cuestionan la gestión de Grabendorff y del ex gerente Vincent Wagner, ambos de nacionalidad alemana, a quienes les achacan de incumplimiento de las cláusulas contractuales, retraso en la presentación de informes anuales, violación de las normativas fiscales españolas, deficiente administración de los fondos de la Comisión y falta de cuentas apropiadas de proyectos.

La auditoría menciona entre otras irregularidades casos de facturas falsas, certificados del director sobre desembolsos no realizados y de gastos privados de Grabendorff como el alquiler de casa, por el que IRELA pagaba el 60% del alquiler de la vivienda sin que estuviera contemplado en el contrato.

Grabendorff juzga los resultados de la auditoría "engañosos y sujetos a malinterpretación". "Los auditores no han comprendido la complejidad de la financiación, ni la forma de financiación ni tampoco la relación financiera entre el IRELA y la Comisión", afirmó a este diario desde su residencia alemana el que fue hasta el pasado 30 de junio director y fundador del instituto.

Más prudente se muestra el actual responsable interino, Crawley, quien, en una carta al comisario europeo de Relaciones Exteriores, Chris Patten, se desmarca de las prácticas pasadas e ignora la razón por la cual muchas de las decisiones del comité directivo anterior fueron tomadas en su día.

Crawley ha enviado a Bruselas un memorándum de Grabendorff, en el que éste contrarresta los argumentos de los auditores y subraya por encima de todo que la Comisión ha sido consciente durante estos 15 años de las prácticas de gestión del centro sin que hubiera ningún tipo de reclamación.

El retraso en la ejecución de las subvenciones, que en el mejor de los casos llegaban a mitad de año o incluso más tarde, forzó a que la Comisión y el instituto elaboraran en 1995 un plan por el que se creó una especie de reserva o de colchón financiero de hasta un millón de euros.Bruselas ha sostenido durante los últimos meses, y en espera de los resultados de la auditoría, que estaba dispuesta a continuar el respaldo financiero. Pero el IRELA, para recibir ayudas, debe presentar un ejercicio en el que al menos el 20% de gastos de funcionamiento provengan de fuentes no comunitarias.