Plan Hidrológico, ¿pragmatismo u oposición?

"El Plan Hidrológico se aprobará por cojones". Esta expresión poco afortunada del ministro de Agricultura, Miguel Arias; la mayoría absoluta del PP en las Cortes y el convencimiento de que el plan, basado casi únicamente en el trasvase del Ebro, se llevará a cabo, han dividido a los partidos e instituciones de las tierras del Ebro. Mientras Convergència opta por el pragmatismo -"como acabará aprobándose, procuremos que sea lo menos perjudicial y más beneficioso para el territorio", vienen a decir los convergentes-, el resto de partidos -paradójicamente con el PP incluido- opta por una oposición total al proyecto. Los contrarios al Plan Hidrológico Nacional (PHN) piden su retirada y acusan a los nacionalistas de permitir vender el río.La amenaza del trasvase del Ebro siempre ha estado presente en el sur de Tarragona. Mociones y más mociones de los ayuntamientos y consejos comarcales (Baix Ebre, Montsià, Terra Alta y Ribera d'Ebre) en contra del trasvase así lo atestiguan. La voz de alarma estalló en septiembre con el anteproyecto del Gobierno. El Ejecutivo considera que el Ebro es excedentario en 5.300 hectómetros cúbicos anuales, de los que 1.050 se destinarán a abastecer a las comunidades valenciana, murciana, Almería y las cuencas internas de Cataluña. Si hasta entonces el trasvase había sido una amenaza, su volumen destapó la caja de los truenos.

La coalición de CiU se escudó en la mayoría absoluta del PP para inclinarse por la negociación. Convergència pretende rebajar el volumen que trasvasar, garantizar el caudal ecológico, disponer de medidas para preservar el delta del río (siempre en precario equilibrio, dependiente de la aportación de sedimentos del río) e implantar, a cambio del trasvase, un canon que financiaría un plan de desarrollo de las comarcas del Ebro, las más deprimidas de Cataluña.

Las comunidades de regantes, con concesiones administrativas de los canales del río, se muestran prudentes. En noviembre se pronunciaron contra el PHN argumentando que no garantiza la integridad de sus actuales concesiones de riego, pero proponen que el trasvase no se realice desde el propio río, sino de sus canales, por lo que obtendrían a cambio un canon económico.

El resto de formaciones -con la Plataforma en Defensa de l'Ebre, con presencia en casi todos los pueblos de la zona- se opone al plan y demanda su retirada.Apuntan que su concepción es obsoleta, basada en trasvases traumáticos y grandes obras contrarias a la cultura sobre el agua que impulsa la Unión Europea. Asimismo, recuerdan que el Ebro no es un río tan excedentario como asegura el Ministerio de Medio Ambiente y que la regresión del delta ya se está produciendo.

La difícil convivencia se rompió tras la aprobación de las alegaciones presentadas por el consejero de Medio Ambiente, Felip Puig, que rebajan el volumen del trasvase a 200 hectómetros cúbicos anuales, que se obtendrían de los canales de riego, y dejan abierta la posibilidad de un trasvase desde el Ródano. Más de un centenar de electos de Convergència en las tierras del Ebro defienden con contundencia las alegaciones de la Generalitat. Y acusan de fascistas y de utilizar métodos terroristas a los miembros de la Plataforma, que han confeccionado carteles con la fotografía de los parlamentarios que dieron su visto bueno a la propuesta de Puig. La respuesta de la Plataforma no se hace esperar y denuncian que Convergència defiende intereses económicos como el de las comunidades de regantes.