El ministro Cañete se suma al ataque del PP contra el fiscal por el 'caso del lino'

El actual ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, refrendó ayer, en su comparecencia en La Moncloa tras el Consejo de Ministros, la línea de ataques emprendida por el PP contra la Fiscalía Anticorrupción por su informe sobre el "fraude generalizado" en el cultivo del lino remitido a la Oficina Europea Antifraude. Arias Cañete mostró su preocupación porque la fiscalía hubiese llegado a esa grave conclusión tras investigar sólo a dos empresas del sector, las de los familiares de ex altos cargos del PP en el Ministerio de Agricultura durante la etapa de Loyola de Palacio.

El ministro Arias Cañete rechazó comentar ayer las airadas reacciones de alguno de los implicados en el escándalo del lino y particularmente las de Nicolás López de Coca, subsecretario de Agricultura con De Palacio y presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), que tuvo que dimitir de esos cargos al descubrirse durante la última campaña electoral europea que empresas de sus familiares recibieron millonarias subvenciones por el cultivo del lino. Arias explicó que él nunca juzga "conductas personales".Eso sí, el ministro quiso comentar que había leído el categórico informe del fiscal sobre el "fraude generalizado" en el caso del Lino para constatar que le preocupaba mucho que "se extendiese esa idea" tras indagar sólo sobre dos empresas. Cañete agregó que no compartía "esa tesis". Y apuntó que la Fiscalía debía "haber llegado más lejos en la definición de responsabilidades".

La posición del PP sobre esta polémica la fijó el martes el diputado que actuó de portavoz en la comisión de investigación que se formó entonces en el Congreso de los Diputados. Jaime Ignacio del Burgo cuestionó la falta de responsabilidad de la Fiscalía.

Cañete refrendó también ayer la estrategia de contraataque emprendida por el PP tras conocer las conclusiones de la Fiscalía. El ministro comentó, como hicieron entonces numerosos dirigentes del PP y la propia Loyola de Palacio, que lo más preocupante del caso para el Gobierno "en este momento es que en el informe queda claramente acreditado que el control del cultivo y de la transformación le corresponde a las Comunidades Autónomas".

Arias Cañete añadió que si ahora la UE impone alguna "corrección financiera", por el fraude en la recepción de esas subvenciones, "será el Gobierno español el que será responsable del pago debido a la falta de control de unas comunidades autónomas". El PP busca así desviar la responsabilidad del caso sobre las comunidades porque mayoritariamente ese fraude se comprobó en cultivos de Castilla-La Mancha, autonomía gobernada por el socialista José Bono.

El consejero de Agricultura de esa comunidad, Alejandro Alonso, rechazó ayer conceder importancia a las "responsabilidades administrativas", cuando lo relevante del fraude fue "que un grupo de altos cargos del PP se aprovecharon de unos déficit de control y legislación en su beneficio o de sus familiares".

La familia López de Coca, propietaria de Colisur 2000, negó las acusaciones de la Fiscalía.

Por su parte, el PSOE e IU reiteraron su exigencia de responsabilidades políticas. El PSOE reclamará el miércoles al Gobierno, con una proposición no de ley en el Congreso, que apoye las investigaciones de la Oficina Antifraude Europea. Y la eurodiputada socialista Rosa Díez, rival en las elecciones europeas de Loyola de Palacio, reclamó la comparecencia de la ex ministra y actual comisaria en el Parlamento Europeo y la reapertura de la comisión de investigación.