Vizcaya culpa al consistorio de Bilbao de las ilegalidades en la Variante Este

La Diputación de Vizcaya responsabilizó ayer al Ayuntamiento de Bilbao de las posibles ilegalidades en la construcción de la Variante Este, una de las nuevas autovías de acceso a la capital. Una demanda de un grupo de vecinos constata que el vial se ejecutó sin ningún tipo de tramitación urbanística y con un cambiazo de papeles para justificar la legalidad.En respuesta a dos preguntas del PSE e IU, el diputado vizcaíno de Obras Públicas, José Félix Basozabal, aseguró ayer que no le constaba "que hubo cambio de planos", se mostró convencido de la correcta actuación de su departamento y afirmó que la posible ilegalidad sería responsabilidad del Ayuntamiento, "que es el que tramita y realiza la viabilidad urbanística".

Sabin del Bado (EH) presentó documentos oficiales en los que se habla del cambio de trazado y la necesidad de modificar el plan urbanístico "y en otro documento ya no aparece esa modificación legal que se pide".

Por otro lado, la Diputación de Guipúzcoa ha acordado encargar el estudio del proyecto de ampliación a seis carriles de la A-8 entre Oiartzun y Ventas de Irún, donde se encuentra la barrera de peaje de esta vía. Contemplado dentro del II Plan General de Carreteras del País Vasco, el proyecto de ampliación afectará en un pequeño tramo de autopista de tan sólo 4,5 kilómetros, pero que conecta dos núcleos urbanos -la antigua frontera y la comarca de Oarsoaldea junto a Pasajes-, que registran una gran actividad industrial y comercial y han experimentado un enorme crecimiento urbano.

El proyecto prevé el ensanchamiento de la plataforma de la autopista a tres carriles en cada sentido manteniendo el actual trazado salvo las zonas donde las dificultades hagan imprescindible el estudio de alternativas. La portavoz de la Diputación, Koruko Aizarna, aclaró ayer que tras esta ampliación no se creará un "cuello de botella" en Oiartzun, puesto que la autopista conectará en ese punto con el segundo cinturón de San Sebastián. Diputación destinará 60 millones de pesetas a la elaboración del estudio.