Economía rechazó las condiciones de El Monte y San Fernando a la ley por ir contra la Constitución

"En particular, ha de expresarse que cualquier condicionamiento, por parte de una entidad de crédito, de la fuerza imperativa de una norma legal como la Ley de Cajas de Ahorro de Andalucía es contrario a los principios constitucionales sobre los que se asienta nuestro Estado de Derecho". De esta forma tan contundente la Consejería de Economía justifica su rechazo a las disposiciones que las asambleas generales de El Monte y San Fernando aprobaron y en las que se supeditaba la entrada en vigor de los estatutos de estas entidades a que el reglamento de la ley de Cajas estuviese vigente. Esta disposición, acordada por todos los grupos políticos, incluido el PSOE, sirvió para desbloquear la aprobación de los estatutos de ambas cajas.

Mediación del PSOE

Las modificaciones realizadas por la Consejería de Economía a los estatutos de las cajas andaluzas, para adaptarlas a la ley de Cajas, han recrudecido la tormenta política que afecta desde hace meses al sector financiero de la comunidad. La multitud de intereses, ya sean localistas o partidistas, que rodean a este debate ha propiciado un escenario en el que, en estos momentos, es difícil vislumbrar una salida clara.Cuatro cajas (El Monte, San Fernando, La General y Unicaja) tienen que enviar antes del 23 de diciembre a la Consejería de Economía sus alegaciones sobre las modificaciones propuestas por la Junta. Todas las entidades tienen, en cualquier caso, un plazo de cinco días más siempre que lo soliciten, lo que significaría que hasta el 28 de diciembre las cajas pueden argumentar contra los cambios realizados por Economía. Fuentes de este departamento precisaron ayer que la ampliación del plazo se hará de forma automática.

Las dos cajas a las que la Junta ha presentado objeciones de más calado y número son El Monte (80) y San Fernando (37), que mantienen una soterrada pugna con la consejera de Economía, Magdalena Álvarez. El Monte ha convocado para mañana un Consejo de Administración en el que decidirá si presenta alegaciones, mientras que San Fernando ya ha decidido que sí enviará sus observaciones a la consejería.

Los estatutos de ambas entidades abrían la posibilidad de consultar de nuevo a la asamblea general sobre las modificaciones de la Junta, algo que, según fuentes de Economía, es innecesario. Estas asambleas, en todo caso, se celebrarían después del plazo definido por la consejería (28 de diciembre). Fuentes del PSOE de Sevilla indicaron ayer su intención de mediar ante los dirigentes de El Monte y San Fernando para que presenten sus alegaciones a los estatutos modificados. La Junta tiene que tomar una decisión definitiva sobre los estatutos de estas entidades (ratificación o no) entre el 7 y el 9 de febrero. En este tiempo, entre diciembre y febrero, las fuentes socialistas consultadas abogan por abrir una negociación que sirva para limar las diferencias entre la Consejería de Economía y las direcciones de las dos cajas con sede en Sevilla.En los estatutos de ambas entidades sólo hay dos puntos en los que Economía no está dispuesta a hacer cesiones. El primero, el condicionamiento de la entrada en vigor de los estatutos a la aprobación del reglamento de la ley de Cajas, que no estará en vigor hasta la primavera de 2001. El segundo, la posibilidad de reelección de los miembros de los órganos de gobierno de las cajas (incluidos los presidentes) ocho años después de cumplir su mandato.

El Monte y San Fernando rescataron esta opción del articulado de la Ley de los Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro (LORCA) pese a que la ley de Cajas andaluza impide una reelección una vez completados dos mandatos (ocho años). No obstante, la norma autonómica prevé un periodo único y excepcional de cuatro años más a los actuales dirigentes para facilitar el proceso de transición. Una sentencia del Tribunal Constitucional declaró que el apartado de la LORCA esgrimido por estas dos cajas no era de obligado cumplimiento en todo el Estado y que las autonomías podían regular sobre este extremo.

Entre los puntos que han sido corregidos por Economía en los estatutos de San Fernando destaca la anulación de la reserva de representación en los órganos de gobierno de la entidad que se otorgaba al Ayuntamiento de Jerez (seis consejeros en la Asamblea General y un vocal en el Consejo de Administración).

La Consejería de Economía está dispuesta a restituir a su formato original el artículo 65 de los estatutos de El Monte, que especificaba que en caso de fusión con otra entidad, la sede de la nueva caja se ubicaría en Sevilla. Inicialmente, Economía ha considerado inadecuado la inclusión de este elemento en los estatutos, pero Álvarez ya ha manifestado su disposición a respetar esta decisión de la Asamblea General de El Monte.

Pese a la polvareda suscitada en torno a este asunto, la mayoría de los cambios realizados por Economía son de carácter técnico, tales como competencias del secretario general, cobro de dietas o meramente nominales (los estatutos de El Monte se refieren a la Consejería de Economía como la Consejería competente de la Junta de Andalucía o se menciona al Ministerio de Economía y Hacienda, cuando ambos departamentos ya están segregados).

[Por otra parte, el secretario general del PP, Antonio Sanz, criticó ayer que el Consejo de Administración de la Caja de Jaén haya abierto el proceso de renovación de sus cargos internos y anunció que pedirá la suspensión cautelar de los estatutos de la entidad].