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Las críticas al plan de secundaria

La segunda vuelta

Javier Arroyo

La reforma que la ministra de Educación, Pilar del Castillo, llevará al Consejo de Ministros en los próximos días tiene su origen en los cambios que la ex ministra Esperanza Aguirre intentó llevar a cabo en 1997 y que, tras una fortísima polémica, el Gobierno del PP no fue capaz de sacar adelante en el Congreso. Aquélla fue una derrota especialmente amarga, y muchos parlamentarios recuerdan que Aguirre abandonó llorando aquella votación, que no consiguió aprobar por la oposición de los nacionalistas a unas modificaciones que no les gustaban y que estaban centradas exclusivamente en la asignatura de historia. Ahora, tres años después, Del Castillo plantea una reforma de más calado y con todas las garantías de victoria. Y, frente al vendaval de entonces, ahora la oposición ha optado por el pacto.Estos cambios, por otra parte, parecen el aperitivo de unas modificaciones que previsiblemente llegarán en primavera y que afectarán, como ya ha anunciado la ministra, a la educación secundaria, la formación profesional y la universidad.

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Más horas y concreción

Los cambios propuestos por la ministra se incluyen en dos decretos que se aprobarán antes de que acabe el año y que incluirán modificaciones en el número de horas de algunas asignaturas y, sobre todo, en lo que los estudiantes tendrán que estudiar en una parte del currículo, la de los llamados contenidos mínimos (los que el Gobierno establece para toda España) de educación secundaria obligatoria (ESO) y bachillerato. En lo que se refiere a cambios en el número de horas, las asignaturas de lengua y matemáticas ven aumentar su carga lectiva en una hora semanal entre los dos primeros años de la ESO. También filosofía gana otras dos horas, en este caso en el segundo curso de bachillerato. Por el contrario, dibujo y plástica pierden una hora semanal en el primer ciclo (1º y 2º) de ESO.En cuanto a la concreción de contenidos, el Gobierno ha insistido en que era su obligación asegurar la máxima uniformidad en lo que los estudiantes deben conocer, independientemente de la comunidad en la que acudan al instituto, y que cuanto más concretos sean los contenidos marcados desde el ministerio, más fácil le resultará a éste controlar que las comunidades imparten la parte del temario que marca él. El coste de los cambios ha sido cuantificado por el Gobierno en 11.500 millones.

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