"Hay una mayor aceptación social de los impuestos"

Estuvo en la cocina de la reforma del IRPF, en las complejas negociaciones para la armonización fiscal en la UE y, mucho antes, formó parte del vivero que surgió en Haciendas Territoriales. Con estos antecedentes, Enrique Giménez-Reyna tenía todas las papeletas para ser secretario de Estado de Hacienda, y el cargo le tocó en suerte tras las últimas elecciones. Para lo que queda de legislatura, este malagueño de 51 años tiene bajo su responsabilidad directa asuntos como la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica y la segunda rebaja fiscal.Pregunta. Los políticos compiten por bajar impuestos. ¿Es que no tienen otra cosa que proponer?

Respuesta. Nosotros no estamos en una política de bajar por bajar, sino de bajar con sentido. Otra cosa es que haya otros grupos que hayan dicho ahora que bajar impuestos es también de esa significación política. Pero el paquete de reformas que hemos hecho apunta hacia el fomento del ahorro, el mejor trato fiscal a la familia, la internacionalización de la empresa, las pymes... No es bajar por bajar; es buscar la máxima eficiencia y una repercusión favorable en el conjunto de la economía.

P. Pero se echan de menos otras propuestas; por ejemplo, en relación con el fraude fiscal. ¿Es que no es una prioridad?

R. Claro que es una prioridad. En el orden interior intentamos cumplir nuestras previsiones, que consisten en reducir la cifra de fraude y estimular el cumplimiento voluntario. Además tenemos en proyecto aplicar nuevos métodos para la inspección, más adaptados a las nuevas formas de fraude, con una actuación integral que abarque todo el proceso.

P. El fiscal anticorrupción planteó, igual que la OCDE, la necesidad de un mayor control sobre las entidades financieras con sociedades en paraísos fiscales y una mayor colaboración con el Banco de España para combatir el blanqueo de dinero. ¿No están haciendo nada?

R. Tenemos una lista de paraísos fiscales, más los registros de inversión en el exterior, y estamos luchando contra estas prácticas en el foro de la OCDE.

P. Pero en los dos últimos años se ha blanqueado mucho dinero en el sector inmobiliario por la llegada del euro y Hacienda parece que ha hecho la vista gorda...R. No tengo constatado que haya sido así. Además, no puede haber tanto dinero negro en España como para explicar el gran negocio inmobiliario de estos años.

P. Con vistas a la llegada del euro, dentro de un año, ¿está descartado algún tipo de amnistía fiscal?

R. Sí. Ni nos lo hemos planteado.

P. Quizá no sea necesaria, ya que la libertad de movimientos de capitales y la complejidad del sistema tributario han abierto grandes vías de escape para algunos. ¿No?

R. No, no es así. Desde el año 1996 para acá, coincidiendo con el nuevo Gobierno, se ha producido un movimiento internacional en contra de todo tipo de regímenes fiscales preferenciales. Desde el denominado paquete Monti hasta el código de conducta, la propuesta de directiva del ahorro y las actuaciones en la OCDE, nosotros hemos secundado plenamente ese proceso. Ante el fenómeno nuevo de la globalización, no caben respuestas aisladas de los países.

P. Un ejemplo de lo que le planteo es la operación Airtel-Vodafone. ¿Finalmente va a pagar por las plusvalías o no?

R. Sin duda pagará impuestos...

P. Pero hay bastantes dudas de que las reformas introducidas sean retroactivas.

R. No es un problema de retroactividad, porque con la ley anteriormente vigente ya estaba garantizado que pagaban la plusvalía. Lo que se ha añadido es una precisión para aclarar todavía más que dos regímenes sucesivos no se pueden aplicar conjuntamente.

P. ¿Hasta qué punto España ha entrado en esa competencia fiscal a la baja que existe ahora en el mundo?

R. No, no es así. A diferencia de lo que han hecho otros Estados miembros, nosotros siempre pedimos que el beneficio haya pagado un impuesto equivalente en otros países. No es que si hay exención y allí no pagas, aquí tampoco. Eso no ocurre. Hemos tenido algún problema con alguna empresa importante española con inversiones en países árabes, porque el impuesto allí no es equivalente al español y le hemos hecho pagar en España. Es verdad que todos los Estados miembros han coincidido, unos con mayor fuerza que otros, en que una cierta competitividad fiscal es sana. Lo que no queremos es una competencia abusiva, una competencia radical que suponga una guerra fiscal sin cuartel.

P. ¿Cómo explica que en España haya subido la presión fiscal a la vez que ha bajado el IRPF?

R. ¿Hay una sola medida en que se nos pueda decir que hemos subido los impuestos en España? Ni una sola. Lo que ocurre es que la presión fiscal no es más que una división entre la recaudación y el producto interior bruto. Nada más. Si nosotros mejoramos la recaudación es porque hay menos fraude, porque hay un cumplimiento voluntario mayor, aparte de que la economía va mejor... Piense que la recaudación del IVA ha estado creciendo al 15% o al 16% y el consumo no llega ni a la mitad.

P. También han crecido mucho las importaciones y se han disparado los precios de las gasolinas.

R. Antes de la gasolina, antes. Si hemos conseguido mejorar la recaudación es porque hay una mayor aceptación social de los impuestos, porque hay menos incentivos al fraude, porque hay menos carga fiscal. Lo que el ciudadano sabe es que los impuestos han bajado, que pagaron menos por el IRPF el pasado año y que hay una promesa de seguir bajando.

P. Sí, pero también sabe que paga más por las gasolinas y que el IRPF no se ha actualizado con la inflación. ¿Están dando con una mano lo que quitan con la otra?

R. Ése es un discurso contradictorio. Por una parte, nos dicen que la rebaja fiscal ha provocado inflación, y por otra, que la compensemos cada año. La rebaja que se aplicó el pasado año fue muy medida, llegó cuando tenía que llegar, impulsó el crecimiento económico y ahora se necesita contención.

P. ¿Por eso suben la tasa radioeléctrica o eliminan la reducción de módulos en el IRPF?

R. Empecemos por los módulos. Había unas reducciones singulares que estaban llamadas a desaparecer. Además, los módulos se han mantenido en su cuantía desde el año 1998. Aquí, nadie nos dice que actualicemos con la inflación, por ejemplo. En cuanto a la tasa, lo que se ha producido no es una subida, sino una adaptación al valor de mercado.

P. ¿Confía en que va a poder ingresar esa tasa, pese a los litigios anunciados?

R. No tengo duda. Además es una tasa muy razonable. Las compañías incluso pueden estar ahorrando dinero.

P. ¿Van a hacer la reforma fiscal en paralelo a la nueva financiación autonómica?

R. La financiación autonómica es prioritaria, porque hay compromisos ineludibles al respecto. Queremos un modelo estable, perdurable. Una vez consolidado el equilibrio presupuestario abordaremos la reforma del IRPF.

P. ¿Van a mantener el mismo esquema del impuesto actual?

R. En esencia, sí. Pero, además de rebajar la tarifa, hay que seguir trabajando en reducir la brecha salarial; es decir, la diferencia entre el salario bruto y neto. Tenemos pendiente el tratamiento de las rentas temporales y vitalicias. Hay que avanzar en la neutralidad entre los instrumentos de ahorro. Habrá que dar una vuelta también al asunto de la transparencia fiscal y retocar el impuesto de sociedades.

P. ¿Va a eliminar el límite conjunto de renta y patrimonio?

R. De hacerlo será en la nueva reforma del impuesto, no ahora.

P. ¿Y el régimen transitorio de las plusvalías?

R. Ese régimen debe tener una vigencia limitada y estamos estudiando soluciones, aunque aún no hay una decisión adoptada. Existe la posibilidad de dar un plazo muy largo, de unos cinco años, para decir: punto final, esto se acaba.

P. En financiación autonómica, la negociación no ha empezado bien por la división que ha provocado la Ley de Estabilidad. ¿No?

R. ¿Por qué rechazan algunos esa disciplina presupuestaria? Lo que se hace con esa ley no es prohibir el déficit público, porque sería un absurdo. Lo que se persigue es que no se utilice como palanca del crecimiento económico. No es para rasgarse las vestiduras; es algo bastante lógico.

P. Pero sólo tiene el respaldo de las comunidades del PP y las demás dicen que cómo se van a comprometer a contener el déficit si no saben cómo van a ser sus ingresos. También es bastante lógico, ¿no?

R. Son excusas vanas.

P. ¿En qué va a cambiar el nuevo sistema? ¿Se va a limitar a ceder más impuestos?

R. Hay que avanzar en la corresponsabilidad fiscal. Son precisamente las comunidades que se oponen al déficit cero las que no quieren más corresponsabilidad fiscal. Dicen: no quiero más competencias fiscales y déjeme libre en materia de déficit. ¡Eso suena a centralismo puro!

P. Pero luego nadie utiliza esa mayor corresponsabilidad.

R. Las que la tienen, la están utilizando.

P. No en el IRPF.

R. Pero sí en otros impuestos, como el de transmisiones.

P. Ésa es otra guerra, ¿no?

R. Es una competencia sana siempre que se mueva dentro de una cierta coordinación. Y debe haber más solidaridad, que la hay, pero está muy enmascarada.

P. ¿Y por qué no publican las balanzas fiscales?

R. Ya hay varios trabajos publicados, aunque es un problema complejo. ¿Qué ponemos en cada platillo? Eso no está resuelto.

P. Otra forma de aumentar la corresponsabilidad sería eliminar las garantías al crecimiento de los ingresos por parte de las comunidades. ¿Lo van a hacer?

R. Debemos aplicar algún estímulo para que las comunidades hagan un uso más amplio de sus competencias fiscales. Aquí tenemos que ser beligerantes. Lo que no pueden esperar es tenerlo todo resuelto desde los Presupuestos del Estado.

P. ¿Se va a ceder hasta el 50% del IRPF?

R. ¿Por qué el 50% y no quedarnos en el 30% o el 40%? Está todo abierto y no podemos contemplar un elemento sólo. Si se incluye la cesión de los impuestos especiales, por ejemplo, ésta es una masa de recursos ya muy importante.

P. ¿Y el traspaso de la Agencia Tributaria?

R. No es un asunto que esté sobre la mesa. Mantengo la idea de una Agencia Tributaria única. La experiencia demuestra que con el traspaso se pierde información y se fomenta el fraude fiscal.