La excavadora pone fin a La Rosilla

La Rosilla vuelve a ser un erial. Dos palas excavadoras derribaron ayer, ante el presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, y varios miembros de su Gobierno, las dos últimas casas bajas de este poblado de realojamiento de chabolistas gitanos que se convirtió en un hipermercado de la droga. Detrás quedan ocho años de marginación en los que este gueto, levantado junto a la carretera de Villaverde a Vallecas y rodeado de campos e industrias, fue el destino de miles de toxicómanos.Los planes urbanísticos han sitiado este degradado extrarradio, conocido como Los Pitufos por los colores de sus casas, y habitado hasta hace un año por 190 familias. Los 15.000 metros cuadrados que ocupaba el poblado están ahora rodeados de tierras removidas. Son las obras del futuro ensanche de Vallecas, en el que se construirán 20.000 pisos.

Los habitantes de este asentamiento residen hoy en viviendas sociales de alquiler de la capital (el 75%) y de otros municipios. La Comunidad, que ha gastado 2.200 millones en desmantelar este núcleo, sólo ha dejado sin realojar a nueve familias por okupar casas de las que no eran titulares. Pero ninguna se ha quedado sin vivienda por tener bienes superiores a lo admisible para disfrutar de un piso social.

El Gobierno regional explica que, aunque cabe suponer que en La Rosilla hubiera familias con importantes ganancias por la venta de estupefacientes, "no se ha conseguido ninguna prueba documental de esos bienes". "No podemos inventarnos nada: para privar a un chabolista de realojamiento porque sus ingresos exceden lo estipulado, esas posesiones deben de figurar en algún registro", explica Florencio Martín, gerente del Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) de la Comunidad. Una de las argucias para esconder ganancias es inscribir los bienes a nombre de terceros.

Las asociaciones de vecinos han reclamado en ocasiones que se investiguen las cuentas bancarias para impedir que personas sin nóminas, pero con pingües beneficios por la venta de droga u otras actividades, disfruten de viviendas sociales (destinadas a familias con ingresos inferiores a 2,5 veces el salario mínimo, fijado en 71.000 pesetas al mes).

Para intentar atajar estos fraudes, la Comunidad modificó hace dos años los baremos de adjudicación de pisos públicos y estableció que no podrían acceder a ellos las familias con bienes (casas, coches...) cuyo valor fuera superior a cinco veces el salario mínimo anual (unos cinco millones). Pero esa normativa tampoco ha servido para cribar a los habitantes de La Rosilla que nunca debieran haber sido realojados.

La barriada fue conflictiva desde su creación, en 1992. La Comunidad, entonces gobernada por el socialista Joaquín Leguina, y el Ayuntamiento, del PP, encabezado por José María Álvarez del Manzano, la levantaron para alojar a 88 familias chabolistas de poblados como Pies Negros, Altamira y El Cristo. Algunos vecinos comenzaron pronto a traficar con drogas, para desesperación del resto.

El desmantelamiento de Los Focos, otro hiper de la droga situado en San Blas, en 1997 marcó un antes y un después. A partir de entonces, La Rosilla tomó el relevo como gran centro de trapicheo. A ello contribuyó que 49 familias de Los Focos fueran realojadas en La Rosilla por el Gobierno regional de Ruiz-Gallardón, del PP, con lo que el poblado se masificó. Las protestas vecinales se sucedieron y, en la primavera de 1999, el jefe del Ejecutivo autónomo prometió que La Rosilla pasaría en 2000 a la historia.