Gobierno y PSOE pactan aplazar la aplicación de una parte de la Ley del Menor

El Gobierno y el PSOE han pactado una moratoria de dos años en la aplicación de la nueva ley Penal del Menor para los jóvenes que tengan entre 18 y 21 años. La ley entrará en vigor el 13 de enero, salvo el artículo 4 -el que deja en manos del juez la posibilidad de que un joven que llegue a la mayoría de edad siga en un reformatorio-, que queda en suspenso hasta el mismo día de 2003. La presión unánime de las comunidades autónomas ha llevado a adoptar esta medida.

La nueva ley eleva desde los 16 a 18 años la barrera a partir de la cual un joven delincuente va a un reformatorio o a la cárcel. Actualmente, un chaval mayor de 16 años condenado a internamiento va directamente a la cárcel. Con la nueva ley, irán a prisión los que ya hayan cumplido los 18 años y también los internados en reformatorios que alcancen esa edad y no hayan liquidado la pena. Pero el artículo 4 dejaba en manos del juez la decisión de mantener en un reformatorio hasta llegar a los 21 años que no fueran personalmente maduros o que hubieran cometido faltas o delitos menos graves, sin intimidación ni violencia. Este artículo 4 tenía en vilo a las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias sobre menores, ante la posibilidad que se saturasen sus centros de reforma al tener que albergar no sólo a los jóvenes delincuentes de entre 16 y 18 años sino también, en gran medida y por decisión judicial, a los de menos de 21 años. "Era un ejemplo de libro de como el Estado, en sus competencias legislativas, afectaba a competencias propias de las comunidades autónomas", aseguró ayer Juan Fernando López Aguilar, responsable socialista de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico y uno de los artífices del acuerdo junto al secretario de Estado de Justicia, José María Michavila.

La moratoria de la entrada en vigor de la ley en el tramo de edad de 18 a 21 años se comenzó a gestar el día 15 de septiembre, durante una reunión entre representantes del Gobierno y de todas las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. Los responsables autonómicos, especialmente los de adscripción socialista, solicitaron entonces la moratoria de la entrada en vigor del artículo 4, a fin de evaluar durante el aplazamiento los costes, el impacto y las transferencias que el Estado debería hacer a las comunidades para hacer frente a ese punto de la ley, así como para adaptar sus centros de reforma y crear otros nuevos. El Gobierno, por su parte, dijo entonces que no se opondría a la posible moratoria, pero se acordó que fueran los grupos parlamentarios quienes la plasmaran.

La moratoria se plasmó en la aprobación en la madrugada de ayer en el Senado de una enmienda a los apartados de la ley de Medidas Urgentes para la Agilización de la Justicia que inciden en la ley Penal del Menor. La enmienda fue presentada por Coalición Canaria, que reclamó una moratoria indefinida, pero fue transaccionada entre el Gobierno y el PSOE para que el aplazamiento fuera sólo de dos años. "Es un periodo razonable para negociar los costes y las necesidades y hacer las transferencias necesarias", aseguró López Aguilar.