Barcelona se integra en el consorcio para transformar La Mina
El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido integrarse en el Consorcio de La Mina, el ente responsable de la gestión del Plan de Transformación Global del barrio. En la segunda comisión de gobierno del consorcio, se formalizó ayer la entrada del consistorio de la ciudad con una aportación de 2.000 millones de pesetas para los próximos 10 años. Barcelona destinará otros 1.000 millones para mejorar las conexiones.
En realidad, la partida de 1.000 millones está incluida en el paquete de infraestructuras que acompaña la celebración del Fòrum 2004. De esta forma, el Consorcio de La Mina queda compuesto por los ayuntamientos de Sant Adrià de Besòs y Barcelona, la Generalitat y la Diputación de Barcelona. Todas estas instituciones aportan distintas inversiones al plan de rehabilitación del barrio. A los 2.000 millones del Ayuntamiento de Barcelona se suman otros 2.000 de la Diputación, 4.000 de la Generalitat y 600 del municipio de Sant Adrià. El consistorio barcelonés, cinco meses después de la constitución del consorcio, se compromete, pues, a saldar la deuda pendiente que arrastra con La Mina y que el pasado 27 de junio el alcalde de Sant Adrià, el socialista Jesús María Canga, definió como "una deuda histórica". Conseguido ya el apoyo de la capital catalana, el Consorcio de La Mina espera que el Gobierno central también decida sumarse a este grupo de administraciones catalanas en el esfuerzo de dignificar La Mina y le asigne también una aportación económica.
Si bien la Administración central no se ha comprometido como tal con el consorcio, sí ha defendido varios proyectos para La Mina en la Unión Europea. Así, durante el periodo 2000-2006, el consorcio recibirá 327 millones de pesetas de la UE para programas de integración sociolaboral, además de unos 2.000 millones procedentes del programa URBAN. El Plan de Transformación Global de La Mina incluye una serie de medidas en el ámbito urbanístico, socioeconómico y de seguridad que deben desarrollarse en un periodo de aproximadamente 10 años. Se pretende reordenar el barrio y mejorar sus conexiones con el entorno para terminar con su aislamiento físico, que también contribuye a la actual guetización. Los programas de inserción laboral, educativos y de erradicación de la delincuencia organizada constituyen el segundo gran eje de actuación. Para materializar todas estas intenciones se ha calculado que será preciso invertir en la zona unos 12.000 millones. Además, en el consorcio, Salvador Aragall, concejal del PP de Sant Adrià, fue nombrado sustituto de su compañero José Luis Ruiz Casado, concejal asesinado por ETA el pasado 21 de septiembre.
