El Supremo de EE UU concede una victoria parcial a Bush, pero deja abierta la lucha por la presidencia

La batalla por la Casa Blanca proseguirá en los próximos días. El Tribunal Supremo de EE UU emitió a las cuatro de la madrugada de hoy, hora española, una sentencia que concede una victoria parcial a George Bush pero no entierra definitivamente las esperanzas de Al Gore. Tras 40 horas de deliberaciones para buscar una fórmula de compromiso, el máximo organismo judicial del país decidió, por 7 votos contra 2, revocar la decisión adoptada el viernes por el Supremo de Florida, que ordenaba la celebración inmediata de un recuento manual de todos los votos de ese Estado no registrados en los escrutinios mecánicos.

Pero los magistrados de Washington dieron una nueva oportunidad a sus colegas de Tallahassee y, de modo indirecto, a Gore. En su veredicto pidieron al Supremo de Florida que vuelva a estudiar el caso de los recuentos manuales y que formule una nueva solución.No obstante, los magistrados del Supremo añadieron un comentario a la sentencia. Dijeron que no creen sus colegas de Florida tengan tiempo para hacer los recuentos porque el plazo para elegir los 25 compromisarios del Estado venció ayer.

Entretanto, el modo de escrutinio manual impulsado en las últimas semanas en Florida a petición de Gore es considerado por una amplia mayoría de los magistrados de Washington como poco respetuoso para el principio de igualdad de todos los votos y para los criterios constitucionales. Al Supremo de EE UU le inquietan particularmente los diferentes criterios aplicados en Florida para determinar la intención de voto en papeletas mal perforadas y no leídas por las máquinas.

Juristas y estrategas políticos intentaban discernir esta madrugada el alcance de ese veredicto en la lucha por la Casa Blanca. En principio, es evidente que constituye un triunfo parcial de las tesis de Bush, que se indignó por la sentencia del viernes del Supremo de Florida que ordenó nuevos escrutinios manuales. Pero al pedirle al tribunal de Tallahassee una nueva formulación de cómo realizar esos escrutinios manuales, los magistrados de Washington tampoco remacharon los clavos en el féretro de las ambiciones presidenciales de Gore.

La incertidumbre, pues, continuará varios días más. Bush, Gore y con ellos decenas de millones de norteamericanos contenían anoche el aliento a la espera de esa sentencia del Supremo de EE UU, que podía zanjar la batalla postelectoral a favor del republicano o prolongarla en beneficio del demócrata. Divididos en facciones casi iguales y en busca de una fórmula que fuera lo menos partidista posible, los nueve magistrados de Washington se tomaron su tiempo. Esa tardanza ya dio una clara pista de que buscaban una solución salomónica.

Esa solución era promovida por David Souter y Stephen Breyer, miembros de la minoría liberal del más alto organismo judicial estadounidense. Consistía en no cerrar las puertas a recuentos manuales en Florida, pero, eso sí, poniendo estrictas condiciones a su reanudación. En particular, el Supremo era sensible al argumento de Bush sobre que los escrutinios manuales realizados hasta la fecha a instancias de Gore han aplicado multitud de criterios diferentes para decidir cuándo es válido un voto mal perforado y no reconocido por el recuento mecánico.

Con los ojos del país puestos en su el edificio de mármol blanco y arquitectura corintia y la seguridad de que su decisión hará historia, el Supremo intentó evitar una votación partidista. Antonin Scalia y algún otro integrante del grupo conservador empujaron a favor de terminar de una vez por todas la interminable noche electoral. Esos magistrados deseaban aprobar una sentencia que revocara la adoptada el viernes por el Supremo de Florida, que dio la razón a Gore en su impugnación de los resultados oficiales y ordenó el recuento manual de más de 40.000 papeletas no reconocidas por las máquinas en todo ese Estado.

El ala conservadora compartía el argumento de Bush de que el Supremo de Florida se extralimitó al ordenar esas medidas y violó las competencias electorales del Legislativo.

Que los jueces del Supremo también tienen su corazón política era sabido, pero The New York Times informó ayer de un par de hechos que podrían entrar en el terreno del conflicto de intereses. El más espectacular es que Virginia Lamp Thomas, la esposa del juez Clarence Thomas, nombrado por el padre de Bush en medio de una gran polémica sobre un episodio de acoso sexual, trabaja para una fundación próxima al Partido Republicano. Esa fundación se está dedicando ahora a recoger currículos de aspirantes a formar parte en un posible Gobierno de Bush.

La información despertó comentarios sobre la necesidad de que el juez Thomas se recusara a sí mismo en el caso Bush versus Gore. Pero fuentes próximas a Gore no quisieron hurgar en esa herida y señalaron que éste "tiene el máximo respeto por la independencia del poder judicial y sus miembros". Thomas fue uno de los 5 magistrados que el sábado votaron a favor de la petición de Bush para paralizar los escrutinios manuales que ya estaban en curso en Florida.

La otra revelación del diario neoyorquino fue que Eugene Scalia, hijo del magistrado del Supremo de EE UU, trabaja en un bufete de abogados de Washington al que también pertenece Theodore Olson. Olson fue el letrado que el lunes defendió las posiciones de Bush en la vista oral celebrada ante los 9 magistrados del Supremo.

Gore, Bush y sus más próximos colaboradores guardaron un respetuoso silencio mientras deliberaba el Supremo. No obstante, algunos de los más ardientes partidarios del vicepresidente demócrata agitaron las aguas. "Si Bush gana comoconsecuencia de una sentencia del Supremo se provocará un estallido de la lucha por los derechos civiles en EE UU", advirtió el reverendo afroamericano Jesse Jackson. "El único modo de establecer un ganador legítimo de estas elecciones es que todos los votos sean contados", añadió.

Movilizados por el supuesto rechazo de miles de votos de afroamericanos en Florida, Jackson y otros líderes de esta comunidad constituyen el núcleo más militante del campo de Gore. John Lewis, congresista demócrata en Washington, encabezó el lunes una manifestación delante del Supremo de EE UU.