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Gil pide al fiscal del Estado que aparte de sus causas a Castresana y Villarejo

El alcalde de Marbella, Jesús Gil, ha solicitado al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, que aparte de las causas que se siguen contra él en diversas instancias al fiscal jefe anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, y al fiscal Carlos Castresana por una supuesta "pérdida de la imparcialidad objetiva" de ambos, a los que acusa de haber tramitado una causa general contra su persona. Gil sostiene que no trata de "hurtarse" a la justicia, y propone a Cardenal que nombre a otros dos fiscales anticorrupción que les sustituyan.

El 'caso Atlético'

El alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid reconoce que los fiscales, a diferencia de los jueces, no pueden ser recusados, pero señala que el Estatuto del Ministerio Fiscal permite pedir al superior jerárquico de aquéllos que no intervengan en el proceso. El escrito de Gil, preparado por sus abogados y remitido a la fiscalía a mediados del pasado noviembre, explica que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aprecia parcialidad objetiva cuando el juez se coloca en una posición que legítimamente puede levantar sospechas de parcialidad. Según el alcalde de Marbella, el fiscal que realiza una "inquisición general" como la que, en su opinión, se sigue contra él, pierde su imparcialidad subjetiva. "La existencia de una causa general abierta contra mi persona en distintos frentes y llevada a cabo por el señor Castresana, siguiendo las directrices del señor Villarejo", acredita, según Gil, el fundamento de la solicitud dirigida a Cardenal.

Previamente, a lo largo de una treintena de folios, Gil pasa revista a los procesos abiertos contra él por los dos fiscales Anticorrupción, que considera que se han convertido en un "reto personal" para el fiscal Castresana. Entre éstos cita el caso de la publicidad en las camisetas del Atlético de Madrid, en el que "sólo" ha sido condenado "a penas de inhabilitación, multa y arresto, no obstante haber padecido por parte del fiscal una petición de 34 años de prisión".

Menciona después el caso Atlético, en el que Castresana, según Gil, "interpuso en la Audiencia Nacional otra querella por los mismos hechos que ya habían sido investigados en Marbella". La defensa de Gil refiere en este apartado que el Código Penal ha destipificado las falsedades ideológicas cometidas por particulares, lo que, "dada la alta e indiscutida preparación jurídica del fiscal Castresana", no sería "desconocimiento del Derecho, sino pura argucia procesal".Gil menciona después el asunto Sermosa, que se sigue desde hace cinco años en un juzgado de instrucción de Madrid, en el que, según el acusado, la Fiscalía Anticorrupción mantuvo "congeladas" las actuaciones durante muchos meses desde que el juzgado pidió que formulasen la acusación.

Por último, Gil alude a las diligencias informativas 4 / 2000 que se iniciaron mediante un decreto de la Fiscalía Anticorrupción tras una "denuncia anónima" de J. A. G. a la Policía Judicial. La defensa de Gil señala que se ha hurtado el dato de la identificación del denunciante. Y añade que aunque los fiscales saben quién es no han querido decirlo, pese a que la Ley de Enjuiciamiento Criminal es muy clara: "Si es denuncia no es anónima, y si es anónima no es denuncia".

[El Consejo Fiscal debatirá mañana una propuesta del teniente fiscal antidroga, Javier Zaragoza, contra unas recientes declaraciones de Jesús Gil, en las que el alcalde de Marbella acusó a Carlos Castresana y a Carlos Jiménez Villarejo de integrar "una especie de mafia en Barcelona" junto a otro fiscal Anticorrupción, Salvador Viada; el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena; el ex juez Lluis Pascual Estevill y el juez Santiago Torres].

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