Nueve jueces por obligación

Culpable. A las tres de la tarde del viernes 24 de noviembre, el reo, un joven de origen africano, escuchó por fin el veredicto en la Audiencia Provincial de Madrid.Cinco mujeres y cuatro hombres habían entrado pocos minutos antes en la sala y expuesto ante el juez el resultado de sus deliberaciones tras haber pasado dos días y medio incomunicados. Culpable de haber asesinado a su esposa. Otros dos acusados fueron declarados igualmente culpables de encubrimiento y omisión de socorro. El juez dicta esta sentencia en los días posteriores e impone la pena.

Se acabó. Había sido una experiencia interesante, reconocían todos. Pero no querían volver a pensar en ella. "Yo dejé bien claro que no estaba allí voluntariamente", declara días después María, una profesional universitaria de 43 años. Ni a ella, ni a su compañera de jurado, Elisa, de 35, les gusta emitir juicios sobre los demás, dicen. ¿Cómo entonces iban a decidir la suerte de un hombre? Eso les agobió los casi 30 días que duró el proceso. "Me entró una responsabilidad enorme. Pensaba que no podría, que yo no sabía de leyes; que no iba a soportar la mirada del acusado", recuerda Elisa. "Simplemente debo de ser justa", se dijo, una vez allí sin remedio. "Nos pasó a todos", abunda María. "Aunque no estés predispuesta, te lo tienes que tomar muy en serio".

Magistrados, fiscales y abogados han coincidido en destacar la absoluta entrega del jurado desde que éste se puso en práctica en España en 1996. Se han celebrado unos 600 juicios de este tipo y, mediante sorteo, más de 25.000 españoles han sido designados candidatos a ejercer la justicia popular. Sólo 35 son llamados en cada juicio. De ellos se elegirá a nueve titulares y a dos suplentes, que asistirán a todas las sesiones y estarán disponibles todo el proceso por si fallara alguno de los anteriores. Tras la vista de cada día pueden volver a sus domicilios, pero el tiempo de deliberaciones, lo que dure, se hace en total incomunicación con el exterior. Su cama estará en un hotel.

Ningún español puede zafarse de este, a un tiempo, derecho y deber ciudadano, según consagra la ley del jurado. Sólo podrán librarse aquellos que la ley considera incompatibles y los que demuestren su incapacidad.

Una obligación laboral no sirve como excusa. A pesar de que en algunos casos el trastorno es grave. "Si tienes un trabajo fijo, buscar un sustituto puede ser un problema, pero lo es aún más para algunos jóvenes que, precisamente, son contratados por meses. La obligación de participar en un jurado es algo que todavía desconoce la gente. Sabes que se hizo una ley, pero creías que era una experiencia piloto. No te das cuenta de que es real hasta que te mandan una carta con tu nombre. Igual que nos avisan a nosotros deberían dirigir una carta a las empresas. Nos facilitaría las cosas", pide María.

Durante el tiempo del proceso, su vida cotidiana queda en suspenso. Han entrado a la fuerza en una historia doméstica de malos tratos que acaba con el asesinato de una joven inmigrante a manos de su marido. Se suceden los testigos, las pruebas, los informes periciales. Ningún dato puede obviarse. Si tienen dudas, preguntan. De su decisión depende que un hombre cumpla condena de 20 años de cárcel. Le tienen enfrente, esposado.

Salvo en que son ellos los que emiten finalmente el veredicto, en poco se parece a lo visto en películas norteamericanas. No hay espectáculo, ni juez impasible, ni abogado grandilocuente que arranca con su alegato las lágrimas de nueve ciudadanos piadosos.

El jurado español trabaja más. No sólo se define entre culpabilidad o inocencia, sino que debe declarar probado o no probado cada uno de los hechos que ha planteado el juez en un escrito final llamado objeto del veredicto. En este caso eran 15 folios y con tal precisión que la más mínima contradicción provoca la devolución del fallo. Es fácil entrar en contradicciones con este formulario, reconoció el propio juez en la última sesión y así fue. Tras deliberar tres días a puerta cerrada, el jurado se aprestó a corregir sus errores en una reunión maratoniana frente a la amenaza de pasar el fin de semana como los chicos de Gran Hermano. Porque, si es duro estar todo el día reunido en el juzgado, más duras son las noches en un hotel, sin televisión, ni teléfono, ni periódicos y custodiados. Se intenta evitar así cualquier interferencia del exterior en la toma de decisiones. Tiene su lógica, reflexiona María. "Aquellos días eran continuos los reportajes en televisión sobre mujeres maltratadas y luego me han dicho que televisaron una película sobre un juicio con jurado en EE UU. Podía habernos influido", sospecha.

Para magistrados, fiscales y abogados la vida también ha cambiado. Su lenguaje ya no sirve. Muchos abogados están siguiendo cursillos acelerados para hacerse accesibles y, lo que es más importante, para convencer. "El juez es un profesional y, a poco que preguntes a un testigo, sabe lo que pretendes. El jurado no lo intuye. Tu interrogatorio debe ser evidente, muy detallado. Y el informe final ha de ser muy sencillo, un relato de los hechos igual al que yo puedo hacer a mi madre", explica Belén Martín, abogada de la familia de la víctima.

Quienes han criticado el jurado popular, entre ellos algunos presidentes de audiencias provinciales, alegan que es caro y que no aporta más justicia a la justicia. "Es una escuela de ciudadanía", defiende, citando a Tocqueville, Ramón Sáez, vocal del Consejo Superior del Poder Judicial y autor del informe sobre el jurado popular encargado a esta institución. La conclusión es que "funciona bien", resume Sáez, salvo en un tipo de delitos en los que por su escasa entidad terminan pactando las partes antes de convocar un jurado. Sáez cree que en la reforma anunciada por el Partido Popular podrían desaparecer de esta ley este tipo de causas e introducirse otras relacionadas con los nuevos valores sociales. "También nueve ciudadanos pueden interpretar la ética colectiva". Para este juez, "con el jurado no se busca una justicia más rápida. Se busca, dentro de la potestad de juzgar, un espacio en el que quepan los ciudadanos".

El coste son unos 270 millones de pesetas anuales, según informa el Ministerio de Justicia. Además de la estancia en el hotel, cada jurado recibe una dieta diaria en torno a las 9.000 pesetas.