La competencia telefónica se retrasa

Reglamento

El Consejo de Ministros de la Unión Europea ratificó la semana pasada su decisión de que a comienzos de año se liberalice el denominado bucle local, es decir, la parte de la red telefónica que llega directamente al domicilio del abonado y que, en casi todos los países, sigue estando en manos del antiguo monopolio.La apertura de esta infraestructura, que en España es propiedad de Telefonica, a todos los operadores es el último y más decisivo escollo que hay que superar para garantizar una verdadera liberalización, pues permitirá al usuario elegir compañía sin tener que cambiar la instalación ni el número de teléfono.

Los competidores

Ahora esa alternativa está muy restringida dada la imposibilidad de realizar llamadas locales a través de operadores distintos a Telefónica (salvo los abonados al cable y algunos empresariales) lo que, en la práctica, supone que casi nadie puede dejar de ser cliente del antiguo monopolio, pese a la aparente multitud de ofertas.

Y es que, tras haberse cumplido dos años desde el comienzo de la liberalización del mercado de las telecomunicaciones, se da la paradoja de que el usuario puede elegir entre una amplia variedad de compañías para realizar, por ejemplo, una llamada a Australia, pero no tiene más remedio que ser cliente de Telefónica si quiere llamar a su vecino.

Los responsables de que la normativa europea se cumpla -el organismo regulador, Telefónica y sus competidoras- coinciden, aunque por razones muy distintas, en que no se llegará a tiempo y que los usuarios, una vez más, tendrán que esperar.El Ministerio de Ciencia y Tecnología afirma que está tramitando con carácter de urgencia el reglamento que desarrolla los procedimientos técnicos y administrativos que deben seguir los operadores para utilizar la red local de Telefónica, según fuentes de este departamento.

Dicho reglamento está ahora sólo pendiente del dictamen del Consejo de Estado, al que ha llegado con retraso porque el organismo que regula el mercado, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), ha empleado 45 días para su estudio en lugar de los 20 previstos.

Aunque desde el ministerio de Anna Birulés se muestran convencidos de que la normativa estará en el Boletín Oficial del Estado antes de que concluya el año, reconocen que habrá que esperar "unos meses" para que sea efectiva. Argumentan que la Administración no puede interferir en las negociaciones que mantengan los operadores entre sí. No obstante, añaden que la mejor prueba de que el Ejecutivo es el primer interesado en que la apertura del mercado se haga realidad es el recorte del plazo, de cuatro a tres meses, que se ha dado a las compañías para que lleguen libremente a un acuerdo. Si cumplido ese plazo, las partes no han alcanzado un pacto, el regulador impondrá las condiciones.

Desde Telefónica se advierte que para compartir esa infraestructura con sus competidoras son necesarias adaptaciones técnicas (centrales, procesos informáticos, sistemas de facturación, etcétera) de gran complejidad técnica y cuya resolución llevará "varios meses".

Pero, además, la operadora supedita esa apertura a las negociaciones que está manteniendo con el Gobierno para conseguir que se reconozca el déficit que le cuesta el mantenimiento de esa infraestructura local cifrado en 300.000 millones de pesetas.

Según Telefónica, cuyos precios están sujetos a la autorización previa del Gobierno, con la cuota mensual que cobra ahora a sus más de 17 millones de abonados no cubre gastos. Por ello, demanda que la cuota se sitúe en el nivel de la media europea, es decir, que se aumente por encima de las 1.900 pesetas, desde las 1.542 pesetas que se cobran actualmente. Telefónica se muestra abierta a discutir otras fórmulas de compensación como que se le permita una política de precios menos intervenida o la subida de las llamadas locales.

Tras más de un año en que los canales de comunicación entre el Ejecutivo y la antigua empresa pública han estado rotos en materia tarifaria, desde hace un mes han comenzado de nuevo los contactos para la búsqueda de una solución. Dichos contactos se han intensificado durante este mes y esta semana se espera un avance sustancial en sendas reuniones que mantendrá el presidente de Telefónica de España, Julio Linares, con responsables de los ministerios de Ciencia y Tecnología y de Economía.

Por su parte, los competidores de Telefónica ven inviable que se cumplan los plazos dados por Bruselas tras las dificultades que, a su juicio, ha puesto el operador dominante ante cualquier medida que le suponga perder cuota de mercado.La actitud más beligerante es la de Retevisión, la compañía que primero hizo competencia a Telefónica, y contra la que ha presentado sendas denuncias por no haber preparado sus centrales para permitir realizar llamadas locales marcando el prefijo de otro operador.

Para Retevisión, resulta "perverso" que las medidas urgentes para la liberalización del mercado aprobadas en junio por el Gobierno hayan dado lugar a una restricción aún mayor de ese mercado. Pone como ejemplo de este efecto pernicioso los bonos locales y la tarifa plana de Internet que ofrece Telefónica, sin que se haya garantizado previamente la liberalización de la competencia local, con el riesgo de expulsar del mercado a cualquier competidor antes incluso de que se abra la competencia.

Una competencia aún muy limitada si se tiene en cuenta que, pese a la proliferación de operadores -la CMT ha concedido más de 1.000 licencias-, Telefónica sigue concentrando el 95,9% de las llamadas y el 94,3% de la facturación total de telefonía fija, según datos oficiales de 1999.