El PSOE pide explicaciones al Gobierno

Al día siguiente de que el Gobierno acordara indultar al ex magistrado Javier Gómez de Liaño, la sorpresa ha dejado paso a la indignación socialista sobre el alcance de la decisión gubernamental. El PSOE, que interpreta la medida de gracia como "una injerencia del Gobierno en el Poder Judicial", exigió ayer la comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados del ministro de Justicia, Ángel Acebes, y del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, por entender que el indulto no se limita al perdón de la pena pendiente de cumplimiento sino que persigue la reintegración profesional del ex juez condenado.El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expulsó a Gómez de Liaño de la carrera judicial, de modo irreversible, por "prevaricación continuada" en la instrucción del caso Sogecable.

El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, no dudó en considerar ayer la medida como "el acuerdo que más preocupación" le ha producido en los últimos años, "tanto de este Gobierno como del anterior".

Las acciones parlamentarias se las ha encomendado Rodríguez Zapatero a dos diputados catedráticos de Derecho Constitucional -Juan Fernando López Aguilar y Diego López Garrido-, responsables respectivos del área de Libertades del partido y portavoz de la Comisión Constitucional. López Aguilar declaró ayer a este periódico que, "por encima de la repugnancia que produce la conducta prevaricadora de un juez, lo intolerable es ahora lo que ha hecho el Gobierno que, si se confirma lo anunciado el viernes por el ministro de Justicia, ha prevaricado". El diputado añadió: "Estaríamos ante un gravísimo atentado contra el Estado de derecho".

División de poderes

López Aguilar apeló a la división de poderes, "que impide al Ejecutivo devolver a alguien su antigua condición de juez, ya que ésta no imprime carácter, como el sacerdocio, sino que depende de una decisión jurisdiccional". En su opinión, ni siquiera el CGPJ "puede deshacer el desaguisado del Gobierno, porque la separación de la carrera judicial la hizo en aplicación de una sentencia del Supremo, por lo que no cabe ahora la posibilidad de hacer lo contrario, que es reintegrar a Liaño en la judicatura".López Aguilar entiende que el indulto debe hacerlo llegar el Gobierno al tribunal sentenciador - la Sala Segunda del Tribunal Supremo- a la que corresponderá declarar extinguidos los 15 años de inhabilitación que pesan sobre Gómez de Liaño. Sin embargo, gracias a la medida de gracia gubernamental, Gómez de Liaño "podrá estudiarse los temas de la oposición a juez o intentar el ingreso por el cuarto turno".

La posibilidad de que el CGPJ lo acoja de nuevo entre sus filas, adelantada el viernes por el portavoz del Consejo Benigno Varela, es considerada por López Aguilar como "un disparate, ya que en materia de ejecución de indultos, sólo es competente el tribunal sentenciador".

Igualmente considera "disparatada, y muestra de la arbitrariedad del Gobierno, la limitación para que el indultado no pueda incorporarse a la Audiencia Nacional, ya que el Ejecutivo no tiene competencias sobre la adscripción de jueces a unos u otros destinos".

El otro artífice de la ofensiva parlamentaria del primer partido de la oposición, Diego López Garrido, agregó: "El Gobierno le ha nombrado juez, y eso sólo puede hacerlo el CGPJ desde que entró en vigor la Constitución de 1978". También dijo que, dado que el alcance del indulto es el de una amnistía, y para eso sólo es competente el poder legislativo, "ha invadido también las atribuciones de las Cortes Generales", al tiempo que comentó: "El Gobierno y el PP, que invocan repetidamente la Constitución en relación con el PNV, la vulneran ahora en un punto tan clave como la división de poderes".

Esta gravedad fue resaltada ayer por José Luis Rodríguez Zapatero en Palma de Mallorca, donde participó en el comité mediterráneo de la Internacional Socialista. "La medida abre un debate esencial para el país y el funcionamiento del Estado de derecho", dijo el secretario general de los socialistas, quien hizo suyas las tesis de constitucionalistas y jueces que aseguran que "el Consejo de Ministros se ha convertido en un Tribunal Supremo".El PSOE no sólo limitará sus acciones de protesta a la vía parlamentaria. Rodríguez Zapatero anunció también que su partido exigirá de inmediato al Vaticano la remisión de "los expedientes completos", de los indultados, ya que la voluntad papal ha sido uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno. Según, Rodríguez Zapatero, el Grupo Parlamentario Socialista tiene especial interés en la comparecencia del fiscal general, Jesús Cardenal, para que valore las declaraciones del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, laudatorias hacia el ex juez. Fungairiño cuestionó la decisión condenatoria del Supremo y manifestó que considera a Gómez de Liaño "un lujo" para la judicatura. Estas palabras resultan para el líder de la oposición "absolutamente preocupantes". "La decisión del indulto", agregó, "ha vuelto a reabrir de una manera desgarradora antiguas cuestiones y situaciones que en el pasado han empobrecido el Estado de derecho".

El secretario general del PSOE señaló también su deseo de expresarse de manera neutral y distanciada de las posiciones que llamó de "pasión, amistad o enemistad" hacia el ex juez indultado. En esta misma línea, esquivó ayer pronunciarse políticamente sobre supuestas consecuencias internas en su partido por la medida de gracia, concedida dentro del paquete de los 1.443 del pasado viernes, a tres de los condenados de la trama de Filesa, de financiación irregular de los socialistas: Carlos Navarro, Luis Oliveró y Alberto Flores.

La sorpresa de Pujol

Tampoco ha satisfecho a Convergència i Unió (CiU) la masiva medida de gracia del Gobierno. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, dijo estar "sorprendido" por el hecho de que el Ejecutivo haya utilizado la fórmula del indulto para rehabilitar al ex juez. "Me ha sorprendido que el Gobierno haya utilizado este procedimiento". Ésa fue la única frase que pronunció Pujol sobre esta cuestión, en el transcurso de una visita a las poblaciones de Móra d'Ebre y Móra la Nova, en Tarragona.Más extensas han sido las opiniones de su delfín, el consejero y portavoz de la Generalitat, Artur Mas, que aseguró que el indulto no le gusta "estéticamente" y "se ha producido demasiado deprisa". Mas cree que el de Gómez de Liaño "costará de entender a mucha gente", aunque añadió que "entre las más de mil personas indultadas, hay muchos casos donde la concesión de esta medida está justificada".

Por el contrario, el portavoz parlamentario del PNV, Iñaki Anasagasti, dijo ayer que "se ha hecho justicia" al indultar al juez prevaricador.