Abusos y errores del PP FRANCESC DE CARRERAS

Tras obtener la mayoría absoluta en las elecciones del pasado 12 de marzo, el Partido Popular expresó su intención de no abusar de ella. Daba la sensación de ser un deseo sincero ya que iba acompañado por la voluntad de seguir cooperando con Convergència i Unió y con Coalición Canaria aunque por aritmética parlamentaria no los necesitara. Además, estaba dispuesto a realizar pactos de Estado con el PSOE en las materias que lo requirieran. Esta actitud abierta y receptiva aparecía, por otro lado, como un rasgo de inteligencia política, aprendida quizá de los errores a que había conducido una mayoría absoluta semejante de los gobiernos de Felipe González.Pues bien, si el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, el político no suele escapar a su condición humana y hoy Aznar está cometiendo los mismos errores que González, incluso un poco antes de lo esperado. Varios hechos de las últimas semanas lo confirman más que sobradamente.

En primer lugar, la concesión de las dos primeras cadenas de televisión digital a El Mundo y ABC ponen de manifiesto un claro abuso de poder ya que favorecen a los dos grupos periodísticos más afines al PP. Hay que decir, por supuesto, que nadie es ejemplar en este campo, pero el Gobierno de González respetó más equilibradamente a los grandes grupos periodísticos del momento al conceder las tres primeras cadenas de televisión privada. Desgraciadamente, en Cataluña tenemos una experiencia especialmente sectaria en la concesión, por parte de la Generalitat, de emisoras de radio a amigos y conocidos. Pero la última decisión del Gobierno de Aznar iguala, como mínimo, la arbitrariedad del Gobierno de Pujol en esta materia.

La existencia de una opinión pública libre es un pilar básico de una sociedad democrática y el pluralismo de los medios de comunicación es su presupuesto imprescindible. Ciertamente, ha desaparecido la censura oficial, pero otras formas más sutiles y engañosas de censura están apareciendo a través del control indirecto, por parte de los poderes públicos, de los ya muy concentrados medios privados de comunicación. Con ello, se reduce considerablemente el pluralismo político, social e ideológico, lo cual supone una grave amenaza para la libertad de información y para la libre opinión. Una sociedad desinformada nunca puede ser una sociedad libre: ahí peligra, ciertamente, nuestra democracia.

La segunda decisión inquietante del Gobierno de Aznar ha sido la solemne celebración de los 25 falsos años de Monarquía. Ya argumenté en un artículo anterior que nuestra Monarquía parlamentaria actual tiene su comienzo el 29 de diciembre de 1978, fecha en que entró en vigor la Constitución. Celebrar los 25 años de la proclamación del Rey de acuerdo con la legalidad franquista no sólo no tiene ningún sentido, sino que hace perder credibilidad democrática a la Monarquía actual. Tras esa celebración se esconde, probablemente, algo más: se trata de una vuelta a la tradición histórica -esa idea reaccionaria tan de moda, por cierto, en un sector de catalanes que a pesar de ello se creen progresistas- que intenta hacer indisociables el término España con el de Monarquía -ambas, por supuesto, eternas- y olvida así la idea de democracia, única legitimidad admisible para una monarquía actual. Esta conmemoración ha sido un reflejo del fondo todavía reaccionario de un sector de la derecha española: ahí asomó "la derechona" de siempre.

Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido el arbitrario indulto al juez Javier Gómez de Liaño, escenificado sobre un decorado de fondo de 1.442 indultos más, todos ellos variados comparsas de la obra. En sí misma se trata de una materia menos importante que las anteriores, pero es la que mejor revela un peligroso modo autoritario de gobernar, especialmente porque parece partir de un total desprecio a la inteligencia de los ciudadanos, considerados meros objetos capaces de tragar todo lo que les echen.

El Consejo de Ministros aprueba todos los viernes entre 5 y 10 decretos de indulto, la inmensa mayoría de ellos por razones técnicas, homologadas y rutinarias. Muy de vez en cuando, se dan indultos con connotaciones políticas: los casos de José Barrionuevo y Rafael Vera fueron los últimos que tuvieron este cariz y su motivación fue cuestionable y cuestionada. Pensar que los ciudadanos encontraremos normal multiplicar esta modesta cifra de indultos semanales por 200 es pensar que somos ignorantes y tontos. Alegar, como hizo el ministro Acebes, que los motivos de tan desmesurado número de indultos son el fin del milenio, el aniversario de la Constitución -¿se conmemoran solemnemente los 22 años de algo?- o una extraña petición papal por el año jubilar católico es entrar de lleno en la España esperpéntica y valleinclanesca: ya no es que continuemos la tradición española o el franquismo que algunos recordamos, sino que parece una vuelta a un siglo y medio atrás, a la Corte de los Milagros, la de Isabel II, la Guardia Real, sor Patrocinio y el padre Antonio María Claret. Pero los ciudadanos no somos tontos y tenemos muy fundadas sospechas de que los 1.443 indultos no son más que una obra de teatro montada para beneficiar a un juez prevaricador al que se le deben pagar algunos favores. Nada que ver, por supuesto, con un Estado constitucional de derecho.

Esta decisión, además, constituye un grave error, ya que el Gobierno de Aznar, acertadamente, enarbola como principal bandera frente al terrorismo de ETA, la Constitución y el Estado de derecho. Pero no es creíble invocar unos principios en ciertos casos para saltárselos a la torera en otros. Decisiones como el indulto a Gómez de Liaño erosionan la auctoritas del Gobierno en el principal problema que tiene hoy España. El abuso, así, se convierte en error. El Gobierno de Aznar parece ir abandonando el inteligente terreno del centrismo liberal para deslizarse descaradamente hacia la derecha autoritaria.

Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.