Chávez, sin contrapesos

La Constitución venezolana, en vigor desde hace un año y redactada al dictado de Hugo Chávez, estipula, entre otras cosas, que los sindicatos no pueden ser suspendidos o disueltos administrativamente y que las decisiones sobre sus asuntos internos deben ser adoptadas por sus miembros, no por el conjunto de la ciudadanía. Nada de esto ha impedido al presidente venezolano culminar el domingo su amenaza anunciada de celebrar un referéndum para "unificar y democratizar" la Confederación de Trabajadores de Venezuela; es decir, para sustituir el paraguas sindical actual, con más de un millón de afiliados, por una federación adicta a las consignas gubernamentales. Según los términos de una consulta en la que se abstuvo casi el 80% de los electores y que contó con dos tercios de los votos emitidos, los jefes sindicales quedan suspendidos mientras se elige en un plazo máximo de seis meses a sus sucesores.Las organizaciones sindicales internacionales y de derechos humanos, incluyendo la representante de la ONU Mary Robinson, habían alertado contra una votación que conculca derechos básicos. Ahora, amén de no reconocer sus resultados, amenazan a Venezuela con el ostracismo. Junto con la Iglesia católica y algunos medios informativos, la Confederación forma uno de los escasos focos de oposición al impulsor de la "revolución bolivariana". Que esta organización sindical haya sido durante muchos años una mera correa de transmisión de partidos políticos tan desacreditados y venales como Acción Democrática no autoriza obviamente su liquidación pura y simple en nombre de la democracia para sustituirla por otra afín al nuevo líder.

La votación del domingo, en la que se elegían también cargos municipales, ha sido la séptima en dos años. Un proceso en el que el presidente Chávez ha ido construyendo a golpe de urna un sistema de concentración de poder prácticamente sin contrapesos. No sólo dispone de una Constitución a su medida y del control absoluto del Parlamento unicameral; el mes pasado firmó una ley que le autoriza a legislar temporalmente por decreto en asuntos que van desde la delincuencia a la economía, pasando por la organización del Estado. Así, el "movimiento revolucionario" de Chávez, que prometía un papel relevante a la sociedad civil y al que no bastaba como garantía democrática la división efectiva de poderes del Estado, se dirige en la práctica al monopolio unipersonal del mando a través del plebiscito. Hacia una reedición revisada del nefasto caudillismo latinoamericano.