El Gobierno ordenará en el real decreto de indulto el reintegro de Liaño como juez

El Gobierno aún no ha firmado, y por tanto no ha remitido al interesado ni al Boletín Oficial del Estado, el real decreto con el indulto del ex juez prevaricador Javier Gómez de Liaño. Pero el decreto ya está redactado, al igual que los correspondientes a los otros 1.442 indultos aprobados en el Consejo de Ministros del pasado viernes. La resolución se apoya expresamente en la propuesta de la fiscalía para "reintegrar en la carrera judicial" al ex juez. El ministro de Justicia, Ángel Acebes, confirmó ayer esos términos a la agencia Efe. Además, el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, descartó un conflicto de competencias con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y sostuvo que este órgano tan sólo podrá determinar el nuevo destino de Liaño.

El reingreso de Gómez de Liaño a su condición de juez es uno de los aspectos más polémicos de las masivas medidas de gracia acordadas por el Consejo de Ministros el pasado viernes. Dos importantes colectivos judiciales, la asociación Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, han anunciado que recurrirán contra esta medida si finalmente el real decreto que la desarrolla incluye junto a la decisión política del indulto la obligación de reincorporar a Liaño a la carrera como juez, de la que fue apartado por la condena del Tribunal Supremo por su delito continuado de prevaricación en el caso Sogecable.Varios colectivos judiciales y diversos partidos de la oposición sostienen que la competencia exclusiva para aceptar el retorno a la judicatura de Liaño corresponde a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que le condenó y que el comportamiento del Gobierno ha sido "un abuso de poder" y una injerencia inconstitucional.

Ni Liaño ni sus abogados habían recibido ayer el telegrama del servicio jurídico del Ministerio de Justicia con el que se comunica personalmente la concesión de los indultos. La orden tampoco había sido remitida aún para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) porque los primeros indultos que se han tramitado han sido los de los insumisos con condenas leves, a razón de unos 200 por día. Pero el decreto con la medida de gracia favorable a Liaño ya está listo y a la espera de la firma del ministro de Justicia y del Rey.

El propio ministro de Justicia,Ángel Acebes, precisó ayer, en una entrevista a la agencia Efe, que el decreto se basará en la propuesta contenida en el informe del Ministerio Fiscal. Y el fiscal emitió en su día un informe favorable a la medida de gracia para conmutar la inhabilitación especial contra el juez "con todas sus consecuencias, lo que supone el reintegro a la carrera judicial".

El ministerio público añadía que también "podría considerarse de utilidad pública establecer como condición en la concesión del indulto la de no desempeñar cargo en la Audiencia Nacional ni en juzgado alguno de la misma".

El titular de Justicia, Ángel Acebes, remachó todas esas "condiciones" el mismo viernes en que comunicó, tras el Consejo de Ministros, la concesión de los 1.443 indultos. Sobre el caso particular de Liaño, Acebes se detuvo en leer ya entonces la exposición favorable de la fiscalía al "indulto de la pena de inhabilitación especial impuesta, con todas sus consecuencias, lo que supone el reintegro en la carrera judicial".

Esa misma frase, prácticamente en esa literalidad, es la que culmina el decreto aún no remitido oficialmente con el indulto al ex juez. El Gobierno se ratifica así en su determinación de facilitar directamente el regreso de Liaño a su condición de juez, pese a que el Supremo, en su condena por prevaricación continuada, sentenciaba su "pérdida definitiva del cargo y de las funciones que le son anejas".

"Gesto muy mezquino"

Acebes se reafirmó ayer, tanto en sus declaraciones a Efe como luego en Logroño, donde asistió a un acto sobre la Constitución, en que esa medida ni es inconstitucional ni supone ninguna intromisión. También lamentó como un "gesto muy mezquino" el intento del PSOE de focalizar en un único caso una propuesta de generosidad para 1.443 personas y sus familias. El propio Acebes descartó, sin embargo, que se pueda hablar de un "indulto general", algo prohibido por la Constitución, y recalcó que se había estudiado y resuelto uno a uno cada expediente. Acebes, eso sí, precisó que, según su criterio, "no hay una profesión especial ni delito que no se pueda indultar, incluido el de prevaricación en el caso de un juez" y apuntó que existen antecedentes de otros indultos a funcionarios condenados por prevaricación y de inhabilitación.Fuentes oficiales del ministerio no pudieron aportar ayer ni un sólo caso similar al de Liaño como precedente. De hecho, se cuentan con los dedos de una mano los supuestos de jueces condenados por prevaricación. Fuentes del PSOE relacionadas con el área de Justicia en la última etapa del Gobierno de ese partido aseguraron que jamás se concedió un indulto de esas características. Acebes apostilló a este polémica que "el Poder Judicial es el que pone las sentencias y el que impone la pena, y el derecho de gracia es un derecho en primer lugar plenamente constitucional, que forma parte de una de las más sólidas y arraigadas instituciones jurídicas de nuestro entorno democrático" y que compete al Ejecutivo.

Para reforzar esas ideas, el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, declaró en la cadena Cope que, si bien sobre esta polémica jurídica hay "opiniones para todos los gustos", el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sólo podrá decidir el destino y la plaza que deberá ocupar Liaño cuando pida su incorporación, y no sobre su reingreso a la carrera.